Cabo de la Policía Nacional, Alejandro Castro Cruz. Fuente externa. Foto de archivo.
SANTIAGO.- El Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial dio inicio al juicio contra el agente de la Policía Nacional imputado por el homicidio voluntario de un niño de 11 años a quien impactó de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, cuando accionó su arma de fuego en medio de la celebración del carnaval de Santiago el 12 de febrero del año 2023.
Ante el Colegiado, el representante del Ministerio Público, fiscal Pedro Martínez, presentó los cargos penales contra el imputado, el agente de la institución del orden Alejandro Castro Cruz, consistentes en la violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano por el homicidio voluntario del menor de edad de iniciales D.J.M.T, así también por transgresión a los artículos 186, 2, 295 y 309 por abuso de autoridad contra particulares y por los golpes y heridas que infirió al padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.
La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y el audiovisual, último en el que recoge en detalles los acontecimientos que tuvieron lugar la tarde del 12 de febrero del 2023 en la esquina que forman la calle Mella con avenida Las Carreras.
El Tribunal, presidido por el magistrado juez Juan Carlos Colón e integrado por las magistradas Claribel Mateo y Gladys de los Santos, decidió aplazar para el miércoles 28 de agosto el seguimiento del proceso.
Este día, se espera que sean conducidos a la sala para que aporten sus testimonios al proceso los peritos y testigos del Ministerio Público.
El órgano de justicia además de las pruebas que fueron incorporadas en esta primera audiencia, presentará otros materiales y testimoniales que constituyen toda la fuerza probatoria necesaria para lograr la imposición de una condena que podría ser de hasta 20 años de prisión.
La investigación del hecho estuvo a cargo del fiscal titular Osvaldo Bonilla y del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de Corte Gerardo Ponce.
El Ministerio Público ha planteado que se trata de un hecho grave en el que el imputado, tras irrumpir en el lugar donde la familia de la víctima celebraba el carnaval, abusando de la autoridad que le confiere la ley, «violentó todos los protocolos de uso de la fuerza».
