La política migratoria de un país debe tener como eje central las necesidades de desarrollo de esa nación. Cuando la misma no ha sido planificada y controlada en virtud de políticas establecidas por las autoridades, ha terminado en conflictos.
Potencias económicas que en algún momento se han convertido en grandes receptoras de migraciones lo han hecho partiendo de un plan y para cubrir necesidades.
Las naciones europeas abren y cierran sus fronteras en virtud de sus intereses, aunque sabiendo que siempre se escapa una proporción de indocumentados, cuya persecución se suaviza o arrecia en función de las conveniencias nacionales.
El gran problema de la República Dominicana es que carece de políticas migratorias, pese a tener a su lado al pueblo más empobrecido del continente y que por razones hasta instintivas muchos intentarán cruzar a territorio dominicano, porque para ellos cualquier cosa representa una mejoría.
Resulta preocupante el desinterés que muestra el Gobierno del presidente Leonel Fernández sobre este asunto.
La frontera está abandonada a su suerte, el servicio de migración carece de recursos, las calles se llenan de mendigos haitianos y una gran cantidad de comunidades están inundadas de indocumentados.
Esa dejadez ha generado y podría seguir generando violencia y conflictos sociales, cuyas consecuencias serían catastróficas para este país.
Haití vive una profunda tragedia y la comunidad internacional se ha hecho de la vista gorda.
Las autoridades dominicanas parecen ignorar que tienen como responsabilidad fundamental velar por los intereses dominicanos.
El desinterés oficial puede contribuir a que la República Dominicana sea arrastrada por la calamidad de nuestros vecinos y que sucumbamos junto a ellos.
