SANTO DOMINGO.-La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) pidió hoy cautela al Congreso Nacional ante el proyecto de modificación del régimen legal de las zonas francas, el cual concedería privilegios a ese sector en deterioro de la manufactura local.
Wadi Cano Acra presidente de AEIH advirtió que permitir a las zonas francas vender el 100% de su producción localmente manteniendo las exoneraciones de las que disfrutan- sería impulsar la competencia desleal, una falta de equidad y la destrucción de la industria nacional.
Entendemos que cualquier adecuación que se haga debe ir en la dirección de mantener ambos regímenes nivelados, expresó.
En una carta enviada a la Comisión Permanente de Industria y Comercio del Senado, que preside el legislador Charles Mariotti, la AEIH comunicó el riesgo de que muchas industrias cesen en sus operaciones y otras traten de convertirse en zonas francas, creando un problema de sostenibilidad fiscal.
En ese sentido, Cano Acra rechazó que sea reformada la Ley 8-90 para que las zonas francas vendan localmente el 100% sin que se contemple hacerlas pagar el 2.5% sobre las ventas brutas, que las utilidades de sus accionistas tributen el impuesto sobre la renta y que no estén exentas de gravámenes por los intereses de préstamos obtenidos local o internacionalmente.
Sostuvo además, que las zonas francas gozan de privilegios como exenciones para la constitución de compañías, construcción, pago de tasas municipales y reinversiones.
Asimismo, indicó que no pagan impuestos por contratos de préstamos sobre el registro y traspaso de bienes inmuebles ni sobre patentes, activos, patrimonio, equipos de transporte ni transferencia de bienes industrializados.
Dijo que las zonas francas también cuentan con salario mínimo menor que el de la industria local, la facilidad de ser clientes no regulados del sistema eléctrico y mayor facilitación de comercio a través de Aduanas.
Reconoció que el Gobierno promueve la competitividad y la innovación de la industria a través de la Ley 392-07, pero señaló que esa herramienta legal queda corta ante los beneficios que se otorgan a las zonas francas.
