En América Latina existen muchos desafíos y oportunidades para fortalecer la independencia judicial. Es fundamental poder garantizar la imparcialidad y la protección de los derechos fundamentales de una democracia, y es importante un congreso de derecho procesal constitucional para dar respuesta a poder garantizar el respeto a la Constitución.
Y eso fue lo que vi, como asistente al IX Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional (“Justicia Constitucional en la democracia: diálogo entre jueces, litigantes y académicos”), los pasados días 17 y 18 de septiembre, invitado por el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, modalidad presencial, en el auditorio Monserrate del hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá.
La independencia judicial es un concepto axial. Sin ella no hay tutela efectiva de los derechos fundamentales. Desde Luigi Ferrajoli, los profesionales en cuestión arguyen que “la democracia no consiste en ningún modo en el nepotismo de la mayoría, sino en un sistema frágil y complejo de separación y equilibrios entre poderes, de garantías establecidas para la tutela de los derechos fundamentales, de técnicas de control y reparación frente a las víctimas”.
En Colombia, esta cuestión de la autonomía judicial fue analizada en cinco paneles de ponencias muy peculiares. Se partió de la base que evidencia que existen, al menos, tres cuestiones que están interviniendo en la independencia de la Judicatura, en la que los jueces proyectan tres “errores”, para llamarlos de alguna manera: 1) son actores orgánicos; 2) actores políticos y 3) actores sociales.
En el primero hay afectación de la propia rama judicial, de la gestión interna, con presiones del propio Estado colombiano; en segundo lugar, los sindicatos y los partidos políticos ejercen presiones sobre los jueces, sobre todo en épocas electorales; y, en tercer lugar, como actores sociales, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que de alguna manera está matando la democracia.
Aun así, la independencia del Poder Judicial, con su peso y contrapeso, lo importante es garantizar un grado suficiente de sus actividades.
Para comprender esta relación de la independencia judicial con la democracia se presentaron conferencias de lujo, en vertientes diferentes y con distintas visiones acerca del carácter universal y de los fundamentos de la justicia constitucional.
En primer lugar, el profesor Alejandro Ramelli Arteaga, quien realizó un análisis profundo de las relaciones de la independencia judicial y la legitimidad democrática para la preservación de la paz; posteriormente, se contó con la participación de la doctora Martha Lucía Olano Guzmán.
Ella abordó la autonomía judicial e independencia judicial por ante la Consejo de la Judicatura, ilustrado de una perspectiva propia; se continuó, en tercer punto con la presentación del doctor Humberto Sierra Porto, con el tema de la independencia judicial y de la democracia desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a través de Carlos Mauricio López Cárdenas, tuvo lugar un análisis comparativo histórico-internacional desde sus conocimientos especializados en derechos humanos.
Fue un ambiente de debates, algunos de los cuales entraron en la esfera de la importancia de la motivación judicial y probatoria y la transparencia en las decisiones judiciales, la relación entre jurisdicción constitucional y el Poder Ejecutivo, el diálogo judicial transnacional y elección popular.
