Carlos Rodríguez
Tal como después de ocurrir un accidente los primeros minutos resultan clave para que el personal de salud pueda salvar la vida de un paciente, o de quien sufre un infarto u otro evento de salud capaz de ocasionar muerte súbita, del mismo modo para la Policía Nacional y el Ministerio Público también deben ser determinantes las primeras horas para poder encontrar sana y salva a una persona cuyos familiares notifican como desaparecida.
Entonces en lógica elemental no se concibe la razón por la cual la Policía Nacional y el Ministerio Público dominicanos insisten en el sin sentido de mantener el requerimiento de que sólo 48 después de perder el contacto con un familiar es que ambas instancias pueden darle curso a una denuncia de desaparición.
Parece más displicencia que cordura esperar que transcurra un tiempo tan valioso y prolongado como son dos días, en que todo lo malo puede suceder, para entonces «salir» con la lentitud similar a como baja un suero de miel de abeja a un paciente canalizado, disque para entonces comenzar la investigación y búsqueda, quizás cuando ya es muy probable que el desaparecido no aparezca jamás, por lo menos con vida.
Pero aparte de contribuir a extender un proceso tan tortuoso y a reducir las posibilidades de sobrevivencia y sufrimiento al desaparecido, nuestra Policía y nuestro Ministerio Público, demorando la aplicación del que debía ser su rol como gestores y garantes de la seguridad ciudadana, ya sea por su negligencia, incompetencia y falta de empatía hacia la ciudadanía, también ignoran cuánto aumenta con su actitud displicente la angustia, la incertidumbre, la desesperación, el dolor y la impotencia de los dolientes.
En momentos que en el país sufre el aumento de manera alarmante por las desapariciones de personas, es hora ya de que tanto el Ministerio Público como La Policía Nacional avoquen a cambiar de manera radical su viejo e irracional protocolo, pero es también hora de que concomitantemente cambien su actitud por otra mejor: la de dar un mejor servicio a la gran cantidad de ciudadanos que, atribulados e impotentes, denuncian la desaparición de familiares, apelando así al derecho a recibir la asistencia de la autoridad competente.
Es cierto que el Ministerio Público y La Policía necesitan recursos humanos, financieros y herramientas de trabajo para poder afrontar su misión con un óptimo nivel de desempeño. ¡Óptimo, sí, como lo merecen los ciudadanos en tan particular y angustiante circunstancia!
Pero apuesto que esa concesión, que se resume en asignar recursos al MP y la PN en el Presupuesto anual para su debida ejecución no debe ser de difícil cumplimiento para un gobierno, cuyo principal «slogan» o manifiesto de campaña, cuando reclamaba el voto de la población fue «¡Primero la gente!» y «Para invertir en la gente». Entonces, ahora estamos ante la oportunidad y más propicia y en situación ideal para demostrar que tal propuesta de campaña electoral no era un simple bla bla bla.
Porque lamentablemente acontece que la que está desapareciendo, cada día más en nuestro país, quizás a consecuencias de problemas sociales, económicas y posiblemente sanitario-conductuales aún no explicadas, es precisamente la gente. Entonces, distinguidas autoridades, es un imperativo categórico invertir recursos ahora para buscar a tiempo a la gente que desaparece, si es que ustedes quieren encontrarla sana y con vida.
