Como el Senado, la Cámara de Diputados aprobó, en primera lectura, el Presupuesto General de la nación, tal como lo remitió el Presidente de la República.
La aprobación es ilegal en partida doble. Desde el punto de vista procesal, la aprobación fue realizada por mayoría absoluta -solo con más de la mitad de los votos de los presentes-, cuando se trata de una ley orgánica, que en virtud del artículo 112 de la Constitución, requiere, para su aprobación o modificación, una mayoría calificada, de las dos terceras partes de los presentes.
Además, fue aprobado ignorando las leyes que establecen la asignación de determinados porcentajes para la educación, Justicia y ayuntamientos. No han valido los legítimos reclamos de la ciudadanía. Más que legisladores son simplemente máquinas dispensadoras del Poder Ejecutivo.
La actuación condenable, connivente, ilegal e inconstitucional del Congreso Nacional y del Presidente contradice sus prédicas. Quienes más defienden, con palabras bien dichas, la educación, sin la cual a su decir lo cual es cierto- no podremos desarrollarnos, son los mismos que en la práctica gubernamental reniegan de ello.
El mismo Presidente que cree que no podremos superar la pobreza y que sin educación no habrá desarrollo es el que ni se molesta en recibir una comisión de la UASD, ahogada económicamente por falta de recursos.
Mientras esto sucede la dominicana Julissa Reynoso, actual subsecretaria de Estado adjunta para América Central y el Caribe, es propuesta por el presidente de Estados Unidos como nueva embajadora en Uruguay, quien fue subdirectora de la Oficina de Auditoría del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. Por su competencia y preparación no solo ha salido de la pobreza, sino que es llevada a altos cargos por un país que sí valora la educación. ¡Qué paradoja Presidente!
