TEGUCIGALPA, Honduras. – El incendio del penal que dejó 360 reos muertos en Honduras fue «accidental» posiblemente causado por un cigarrillo, según informes de expertos estadounidenses y hondureños divulgados el martes, una semana después de la tragedia carcelaria, una de las peores del mundo.
El equipo de la agencia estadounidense de control de alcohol, tabaco, armas y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) «ha determinado que la causa del incendio fue accidental», según el informe divulgado por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
«La causa del fuego se cree (pudo) haber sido una llama abierta (el origen del cual podría incluirse, pero no se limita a, un cigarro, un encendedor, fósforos etc.), aunque la fuente real de la ignición no fue recuperada», señaló el documento.
El equipo descartó «otras causas posibles» como «causas eléctricas o el uso de líquido inflamable o combustible», agregó el texto.
Y precisó que el fuego se inició en la zona superior de dos literas en el módulo seis de la prisión de Comayagua.
Hasta el martes, el número de muertos era de 359, pero la cifra subió a 360 luego de que Juan Angel Irías, de 66 años, murió «debido a la severidad de las lesiones», según dijo Manuel Boquín, médico del Hospital Escuela, donde han fallecido siete de los 10 reos que fueron internados con severas quemaduras.
Más temprano, en un informe preliminar, el ministro de Seguridad de Honduras, Pompeyo Bonilla, y la Fiscalía General señalaron la causa «accidental» y descartaron versiones de familiares de las víctimas que aseguran que policías habrían disparado a los reos y rociado gasolina para desatar el fuego y facilitar una fuga previamente pagada.
«Pero aún no precisamos cuál de los prisioneros fumaba y se durmió. El cigarrillo habría caído al colchón, que se incendió y causó la tragedia», dijo el fiscal general Luis Rubí.
El sobrepoblado penal de Comayagua, ubicado 90 km al norte de Tegucigalpa, se volvió un infierno en la medianoche del 14 de febrero, con 852 reclusos dentro -el doble de la capacidad-, muchos de los cuales murieron atrapados en las celdas, calcinados y asfixiados por el humo.
El fiscal descartó impactos de bala como causa de muerte tras practicadas -hasta este martes- 277 autopsias. Hasta ahora se han logrado «al menos unas 70 identificaciones» y «27 entregas de cuerpos».
Por primera vez desde la emergencia, el presidente Porfirio Lobo visitó a los familiares este martes en un instituto donde están albergados a la espera de que les den los cuerpos para sepultarlos.
Lobo les anunció que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ayuda para establecer un procedimiento de indemnización «correcto, legal y sobre todo justo», aunque reconoció que con ello «no se recupera la vida a nadie».
Para tratar de calmar la ansiedad que desborda en el albergue, el mandatario explicó que por el estado en que se encuentran los cadáveres el proceso de identificación es «más lento».
Desesperados por la lenta entrega de los cuerpos, decenas de familiares, muchos de los cuales son sometidos a pruebas de ADN, se abalanzaron en la tarde del lunes sobre bolsas de cadáveres que los forenses habían colocado en la calle frente a la morgue de Tegucigalpa, tras romper el cerco policial.
«Aunque hay algunos que por los nervios son más belicosos se acordó con el fiscal que vamos a llevar» la situación «en paz» para evitar nuevos incidentes, indicó Agustín González, asesor de un recién creado comité que reúne a las familias de las víctimas.
La cárcel de Comayagua, donde los presos cultivan y crían animales, era presentada por las autoridades como un establecimiento «modelo». Pero la población del penal doblaba su capacidad y un 60% de los reos estaba sin condena.
«Estados Unidos urge a una acción rápida en la elaboración y promulgación de reformas necesarias para garantizar la seguridad, la salud, y los derechos humanos de los prisioneros hondureños con el fin de prevenir tragedias similares en el futuro», concluyó el texto de la embajada en Tegucigalpa.
El gobierno conformó este martes una comisión de seis ministros, con el fin de prevenir catástrofes como la de Comayagua y «atender de manera urgente la situación» de los 24 penales del país, considerados una «bomba de tiempo» por el hacinamiento.
