Santo Domingo.- Pese a contar con un presupuesto anual de aproximadamente 250 millones de pesos, el Instituto Nacional de Administración Pública (Inap) enfrenta limitaciones para cumplir con su misión de capacitar de forma integral a los más de 850 mil empleados públicos que existen en el país.
Así lo afirmó su director general, Gregorio Montero, quien subrayó que, para enfrentar los desafíos actuales de la administración pública, el presupuesto debería estar entre los 400 y 500 millones de pesos anuales.
Explicó que durante 2025, el Inap ha logrado capacitar a 26,974 servidores públicos, con una inversión aproximada de 65 millones de pesos.
Sin embargo, dijo que esta cifra representa apenas una fracción de la nómina pública estimada, que oscila entre 850 mil y 900 mil empleados.
Detalló que desde 2020 hasta la fecha, el Inap ha formado a más de 213 mil servidores públicos, pero aun así, la institución reconoce que para cubrir adecuadamente tanto la cantidad como la calidad de la formación requerida, se necesita una asignación mucho más robusta.
“Los actores del gobierno tienen que entender que cada formación del servidor público es una inversión no un gasto”, afirmó a El Día.
Desafíos de fondo
Uno de los principales retos que enfrenta el Inap es concienciar a los servidores públicos sobre la reforma y modernización del Estado.
Montero cuestionó si los empleados realmente entienden en qué consiste la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada por ley, y cuál es su rol individual en su implementación.
“Hay que sensibilizar a los trabajadores del Estado sobre el contenido de esta estrategia y su responsabilidad directa para que se lleve a cabo”, expresó.
En ese sentido, señaló que el Inap trabaja en conjunto con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que agrupa a 23 escuelas de gobierno en Iberoamérica, para impulsar mecanismos de evaluación del impacto de la capacitación en la calidad de los servicios públicos.
“Si estamos invirtiendo en la formación, lo mínimo que debemos hacer es evaluar cómo está impactando esa capacitación en la satisfacción ciudadana”, explicó Montero.
El Inap también afronta el desafío de revisar y actualizar los programas formativos que se ha ejecutado durante más de 20 años para adecuarlos a los cambios tecnológicos y sociales, tales como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.
“La inteligencia artificial no es un juego, es una realidad que impacta la toma de decisiones en la administración pública. Debemos elevar la conciencia ética de los servidores públicos sobre estas implicaciones”, señaló.
Además, Montero advirtió sobre la importancia de fortalecer la protección de datos y los mecanismos de seguridad frente a ataques cibernéticos que pueden vulnerar información sensible de las instituciones gubernamentales.
Hacia una escuela de gobierno integral
El Inap continúa su estrategia de relanzamiento institucional y aspira a convertirse en una verdadera escuela de gobierno, formando no solo al personal de base, sino también a los altos funcionarios del Estado.
Apuntó que se están ejecutando programas dirigidos a ministros, viceministros y directores generales.
Asimismo, Montero consideró crucial extender la capacitación a dirigentes políticos antes de asumir cargos públicos, para facilitar su proceso de adaptación a la gestión estatal.
Explicó que los servidores públicos están divididos en cinco grupos ocupacionales, desde el personal de conserjería hasta los supervisores y directores.
El INAP reconoce la necesidad de fortalecer la formación en todos estos niveles, con una mirada cualitativa y cuantitativa, incluyendo la actualización constante frente a nuevas realidades.
Alianzas académicas y formación de alto nivel
El Inap ha establecido acuerdos estratégicos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de Colombia para ampliar y elevar la calidad de la formación.
Entre los logros destacan la única licenciatura en administración pública en el país, con 24 egresados hasta ahora, y la maestría en gestión pública y gobernanza, que contará con 364 graduandos entre febrero y junio del próximo año, gracias a recursos adicionales otorgados por la Presidencia.
Montero destacó que actualmente, existen 27 escuelas o centros de capacitación en instituciones públicas y otros poderes del Estado.
Con esto, El Inap busca coordinar esta red para armonizar esfuerzos, evitar la atomización y garantizar que los programas de formación cuenten con el aval institucional que establece la ley.
Montero advirtió que la formación debe estar estrechamente ligada al sistema de carrera administrativa y a la estabilidad laboral.
“Capacitar sin garantizar estabilidad es formar en vano. Hay que atar la capacitación al sistema de mérito y carrera pública, un trabajo conjunto con el Ministerio de Administración Pública”, concluyó.
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