La corrupción ha penetrado la sociedad dominicana a tal nivel, que lograr su erradicación constituye hoy en día, uno de los principales imperativos a encarar por quienes aspiramos a legar un mejor país a nuestros descendientes.
En el caso de la corrupción pública, tenemos que castigarla con determinación, porque los niveles de exclusión y la desprotección social, que se registran en el país, nos obligan a reclamar que el más mínimo centavo que ingrese al Estado, sea dedicado a financiar políticas públicas orientadas a revertir ese cuadro.
El Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, dijo hace varios años que el Estado dominicano perdía anualmente a causa de la corrupción más de 30 mil millones de pesos. Imaginemos este monto dedicado a la construcción de escuelas, a la salud, viviendas, a estimular la producción agropecuaria, entre otras prioridades.
Tenemos que exigir sanción a la corrupción, porque daña la democracia. Porque en la medida en que no se la sanciona, ciudadanos y ciudadanas pierden la confianza en las instituciones públicas y sin instituciones fuertes y con alta credibilidad, no puede concebirse una democracia plena.
Hay que castigar la corrupción también, porque no hacerlo la convierte en un mal ejemplo, en tanto estimula a otros y otras a entrar a esa mala práctica.
Es decir, la corrupción hace daño al desarrollo, la democracia y a la moral colectiva.
Por esta razón, es inaceptable la reacción del Presidente frente a los reclamos provenientes de amplios y calificados sectores sociales y políticos, para que tome decisiones ejemplarizadoras contra los sindicados de actos de corrupción y contribuya de esa manera a disuadir a no entrar en esa mala conducta a los y las que siquiera lo hayan imaginado.
Es una responsabilidad ineludible del primer mandatario, vía sus subalternos del ministerio público, investigar hasta por simple rumor público, cualquier denuncia de corrupción y, comprobado el hecho, aplicar todo el rigor de la ley. No importa quién haga la denuncia ni a quién pudiera beneficiar, lo que hay que establecer es la verdad o no de los hechos y actuar en consecuencia.
La inacción de las autoridades frente a la ola de nepotismo y corrupción que sacude la administración pública, permite pensar que la política oficial, es justamente, promover esa práctica en la función pública. Es inaceptable, protestemos.
