Imputados del caso Lobo cometieron maniobras fraudulentas con documentos falsos para obtener contratos

Entre las instituciones afectadas se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Seguro Nacional de Salud (Senasa)

SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red criminal del caso Lobo, integrada por militares y civiles, cometieron maniobras fraudulentas utilizando documentos inconsistentes para obtener contratos de servicios de seguridad privada.

Entre estos figuran certificados de no cotizantes, licencias vencidas y constancias de capacitaciones inexistentes.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, se pide prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea declarado complejo. Entre los señalados se encuentra el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez.

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También están implicados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

En la instancia acusatoria, el Ministerio Público menciona a varias empresas vinculadas a los imputados: Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE); Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL; El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

La compañía Magesty Waste & Recycling Company, vinculada a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez

La empresa Magesty Recycling SRL, asi como la compañía Magesty Recycling SRL, de los imputados Bolívar Nicolás Fernández Espinal Belky Antonia Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez, ambas ubicadas en Santiago.

Estas compañías habrían sido utilizadas como parte de la estructura criminal para ejecutar maniobras ilícitas, obtener contratos de seguridad privada con instituciones públicas y facilitar el pago de sobornos, con el fin de desviar fondos del Estado.

Entre las instituciones afectadas se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur, generando un perjuicio económico superior a RD$108 millones.

El grupo está imputado por los delitos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre otros cargos.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, aplazó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los militares y civiles imputados. La magistrada tomó esta decisión para permitir que los abogados defensores estudien el expediente y preparen sus alegatos.