SANTO DOMINGO.- La estructura criminal de narcotráfico del caso Leopardo colocó en el sistema financiero del territorio nacional, durante un período de cinco años, la suma de RD$63,272,839.90, producto del tráfico de drogas que recibían desde Colombia a la República Dominicana, y que posteriormente enviaban a Puerto Rico y Europa.
Según la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pide prisión preventiva contra Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio y Néstor Julio Rodríguez Robles, imputados en el caso Leopardo, además de solicitar que el proceso sea declarado complejo.
En el expediente también figuran como vinculados Moisés Severino Inirio, José Ignacio de Jesús Mota y Pedro Luis Cordero Espinal, quienes se encuentran prófugos de la justicia.
A los imputados se les conocerá medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente de La Altagracia, por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La imputada Daniela Sthefany Amancio Olaverría desempeñó un papel activo dentro de la estructura financiera de la organización criminal, encargándose de colocar de manera sistemática grandes sumas de dinero en efectivo en el sistema financiero mediante depósitos fraccionados o en pequeñas suma de dinero no mayor de RD$10,000, una práctica conocida como “pitufeo”.
El documento judicial establece que esos depósitos en efectivo se realizaban en las cuentas bancarias del imputado Moisés Severino Inirio, (El Flaco). Dichas operaciones se ejecutaban utilizando conceptos genéricos y sin justificación económica, con el objetivo de evadir los controles del sistema financiero, ocultar el origen ilícito de los fondos y dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades criminales.
Asimismo, se indica que la imputada Daniela Sthefany Amancio Olaverría figura con actividad limitada en el sector asegurador, únicamente vinculada a seguros de salud, sin desarrollar actividades económicas formales dentro de ese ámbito.
Tampoco posee vehículos ni bienes asegurados a su nombre, ni aparece registrada como vendedora, intermediaria o socia de ninguna entidad del sistema asegurador dominicano. Estos hallazgos permitieron al Ministerio Público concluir que la imputada carece de una fuente lícita de ingresos que respalden su patrimonio y las operaciones financieras investigadas.
Finalmente, el documento precisa que la acusada no figura con actividades laborales formales en el país, ni mantiene relación de empleo que justifique ingresos recurrentes o declarados ante el sistema de seguridad social.
Etiquetas
