Los impuestos se definen como un tributo a las rentas con el propósito de redistribuir la equidad social por medio del accionar del Estado, que se sostiene con el recaudo de dichos tributos.
Como el gasto del Estado crece más que su ingreso, o se reducen los gastos o se aumentan los impuestos.
Esto último fue el dictamen final del FMI, al revisar el desempeño reciente y futuro de la economía dominicana.
Veamos esto de impuestos buenos y malos.
La función de un impuesto bueno se define por la facilidad de ejecutar su recaudación, y por la equidad en su aplicación, combinado con la razonabilidad de la tasa establecida.
En función de lo anterior, es fácil determinar que los nuevos impuestos a los casinos de juegos, a las bancas de lotería, las máquinas tragamonedas, los juegos telefónicos y los juegos por internet son impuestos buenos.
Estas actividades, en nombre de la suerte o el azar, despojan a familias de miles de millones de sus ingresos, que tanto necesitan para obtener su bienestar, a cambio de una azarosa promesa de riqueza, sin mayor esfuerzo que el de poner la apuesta.
Por el contrario, un impuesto a los activos de los intermediarios financieros supervisados se considera un impuesto malo, puesto que ello incentivará la desintermediación financiera, aumentará la tasa de interés sobre los préstamos, disminuirá los intereses que se pagan a los ahorrantes y desincentivará la capitalización adecuada de las instituciones, peligrando así las capacidad de amortiguar riesgos, que es su mayor peligro.
Así también tenemos en la propuesta el impuesto inmobiliario, que cambia el impuesto a la vivienda suntuosa, a un impuesto al patrimonio inmobiliario.
La aprobación e imposición de este impuesto será una estocada más a las imposibilidades de la familia de acceder a una vivienda, ya encarecida por el incremento en los costos de la mano de obra, los materiales y los intereses bancarios.
Sin lugar a duda, al Gobierno le han hecho falta los asesores que en el pasado tenía, capaces de proporcionar opiniones independientes, que permitían una reflexión ponderada, que a su vez ayudase al Jefe del Estado a decidir la clase y cuantía de impuestos que se necesitan.
