La expansión de la economía digital ha reconfigurado la forma en que consumimos bienes y servicios. En la República Dominicana, plataformas como Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Airbnb e Indriver forman parte cotidiana de la vida económica.
Sin embargo, su creciente peso plantea una pregunta inevitable: ¿debe el país aplicar un impuesto tipo ITBIS a estas operaciones digitales, aun cuando se trate de empresas estadounidenses y exista un precedente de presiones diplomáticas?
El presidente Donald Trump lo ha dicho: “Estados Unidos responderá con medidas comerciales a los países que gravaran a sus gigantes tecnológicos, apelando a la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974 que faculta al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para investigar y tomar medidas contra prácticas comerciales de países extranjeros que sean consideradas injustas, irrazonables o discriminatorias”. Aunque cada país tiene derecho soberano a definir su política tributaria, la realidad geopolítica obliga a evaluar cuidadosamente los riesgos.
Para el país, las implicaciones son múltiples. En el plano fiscal, un impuesto digital permitiría ampliar la base tributaria en un sector de rápido crecimiento y reducir distorsiones frente a empresas locales que sí pagan ITBIS. También fortalecería la equidad tributaria en un mercado en el cual el consumo migra aceleradamente hacia servicios digitales.
No obstante, el país debe ponderar posibles repercusiones comerciales y diplomáticas.
Estados Unidos es el principal socio económico del país, y cualquier medida percibida como hostil podría generar fricciones en áreas sensibles como exportaciones, inversión extranjera o cooperación en seguridad. Además, la experiencia internacional muestra que los gigantes tecnológicos suelen trasladar parte del impuesto al consumidor final, lo que podría encarecer servicios ampliamente utilizados.
El desafío consiste en equilibrar soberanía fiscal, competitividad y estabilidad diplomática. Una vía razonable sería avanzar en coordinación con organismos multilaterales y con el marco de negociación global impulsado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), que busca reglas comunes para la tributación digital.
Esto permitiría al país modernizar su sistema tributario sin exponerse innecesariamente a presiones bilaterales.
Sobre el autor
Dr. Antonio Ciriaco Cruz, economista. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD. Columnista de El Día.
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