Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu) rechazó la aprobación del proyecto de ley que establece un nuevo impuesto a las llamadas telefónicas, que se originan en el exterior y son recibidas en el país, para el sostenimiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Señaló que el gravamen de 0.02 dólares estadounidenses, que deberá ser pagado por las prestadoras de servicios de telecomunicaciones instaladas en el país, pero que éstas se lo cargarían a los usuarios del sistema, se sumaría al ya elevadísimo pago que cada mes se le carga, consistente en un 18 % de Impuesto a la Transferencia los Bienes Industrializados y Servicios, ITBIS, 10 % de Impuesto Selectivo y el 2 % para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, para totalizar 30 % convirtiéndose en el más caro de la región.

Las empresas de telecomunicaciones, (Claro, Tricom, Orange, Viva y Wind Telecom) también habían objetado el impuesto advirtiendo que viola acuerdos internacionales.