Todo ciudadano, incluyendo al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, tiene derecho a reclamar respeto para su honra. Para ello, la Ley pone a su disposición las herramientas judiciales correspondientes, si llegara el caso de sentirse difamado o injuriado.
Lo que no procede, bajo ninguna circunstancia, es tratar de imponer mordazas anticipadamente a otros ciudadanos o a medios de comunicación para que se abstengan de dar a conocer a la sociedad asuntos de indiscutible interés público, como lo es, por ejemplo, el desempeño administrativo y ético de todo funcionario oficial.
La acción intimidatoria emprendida por los abogados del director del IAD contra los patrocinadores del programa televisivo El Informe, de la periodista Alicia Ortega, a quienes se amenaza mediante acto de alguacil- con someterles a la Justicia si continúan con dicho patrocinio, es lo más parecido a un acto de censura previa, porque pretende callar una voz antes de que hable.
Lo que procede, si es que ha habido o hubiese en el futuro difamación contra un funcionario por parte de un medio o de un periodista, es una demanda como lo estipula la Ley, sin involucrar en dicha acción a los patrocinadores comerciales del programa de que se trate. Y, sobre todo, con respeto al derecho que tenemos todos de cuestionar a los funcionarios públicos.
Aunque no nos ha pedido consejo, sugerimos al ingeniero director del IAD un cambio de estrategia, sin adelantar amenazas, sino actuando como lo establece la Ley. Mientras tanto, felicitémonos por contar en nuestra sociedad con medios y periodistas responsables que saben asumir el rol de perros guardianes de los mejores intereses nacionales.
