El Día 
SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de Santo Domingo Este impuso seis meses de prisión preventiva contra cuatro personas involucradas en una red de estafa electrónica, vinculada al robo de más de RD$27 millones de pesos, caso que fue declarado complejo.
El juez Bernardo Coplín García dispuso que a los imputados Loren Liselot Ysabel Alonzo, Ángel Ernesto Montes de Oca Matos, Anlly Luz Solano Adames y Yessica Rosaura Escalante Heredia, identificados como los principales beneficiarios de la estafa, cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres y la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Mientras que para Frank Ambras, Starling Pérez Vicioso y Evelin Esmeralda Tejeda, quienes acordaron con la entidad financiera para resarcirle los daños causados, impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Waldimir Reynoso, Nehemías Salazar, Jhon Suncar y Ruddy Medina, bajo la coordinación del fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo.
El órgano de la persecución establece que el fraude cometido a la víctima tuvo que ser subsanado por la entidad bancaria y se originó el 11 de mayo de 2021.
La estructura criminal fue sometida a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera distintas pruebas que vinculan al grupo a la estafa millonaria contra el cliente y el banco.
El Ministerio Público sostiene en la solicitud de medida de coerción que los imputados cometieron la acción delictiva tras obtener una tarjeta de códigos del banco con la que realizaron pagos y transferencias de forma electrónica. Señala que realizaron 65 transferencias electrónicas fraudulentas por un total de RD$27,197,966.07.
Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía de Santo Domingo Este figuran robo mediante la utilización de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, transferencia electrónica de fondos y estafa electrónica, así como robo de identidad, falsedad de documentos y firmas, falsedad en escritura pública y privada y asociación de malhechores.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha obtenido distintas evidencias que les vinculan a esos hechos delictivos tipificados y sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
