Santo Domingo.-Como si se tratara de un caso de ratería menor, el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso como coerción a los inculpados Gabriel Alfredo Méndez Fernández y Xhemyramiz Desiree Jiménez Urbaez, ambos funcionarios del Plan Social de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), una garantía económica en efectivo de RD$60,000 pesos a cada uno, presentación periódica ante el fiscal investigador e impedimento de salida del país.
Sin embargo, el juez Marlon Espinosa acogió además el pedimento del Ministerio Público de declarar como complejo el caso contra dos funcionarios del PASP, imputados de evadir raciones alimenticias destinadas a personas pobres y venderlas a comerciantes.
El Ministerio Público informó que las medidas fueron impuestas de acuerdo a numerales del Código Procesal Penal y a la Ley 41-08 de Función Pública la noche de este jueves en el Tribunal de Atención Permanente, con sede en el Palacio de Justicia de Santo Domingo.
Méndez Fernández y a Jiménez Urbaez están acusados de integrar una banda que se dedicaba a sustraer mercancías destinadas a los programas y planes de asistencia social del Gobierno y venderlas en el mercado formal.
Además de Gabriel Méndez Fernández, Jiménez Urbáez, en el expediente también figuran el exempleado de esa institución Rafael Cuevas Cumba, y los comerciantes detallistas Luis Antonio Montilla Patricio y Franklin Rafael Pérez Calderón.
El Ministerio Público dijo ayer que pedirá un año de prisión en su contra como medida de coerción.
Como parte de las investigaciones las autoridades han realizado entrevistas a empleados del Plan Social.
También se desarrollaron allanamientos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 en distintos barrios y comercios, mediante los cuales fueron incautados “conduces” del Plan Social que facilitaban la entrada y retiro de raciones alimenticias de sus almacenes.
En los operativos fueron decomisados artículos comestibles y bebidas con el timbrado del Plan Social de la Presidencia, con la advertencia de que esas mercancías no pueden ser vendidas.
El Ministerio Público determinó que estas irregularidades eran cometidas desde el año 2010 en perjuicio del Plan Social.
Los dos encartados fueron trasladados hasta la cárcel de la Fiscalía en el poblado de San Luis, donde deberán permanecer hasta tanto paguen las fianzas impuestas.
