Una garantía económica consistente en el pago de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida, es la nueva medida de coerción que pesa sobre Sarah Rodríguez,  acusada de estafar a decenas de personas mediante un falso modelo de inversión.

La decisión en favor de Rodríguez fue emitida en la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, que en agosto del pasado año le impuso tres meses de prisión preventiva.

Según el expediente del caso, la mujer «mostraba una aparente solvencia económica, exhibiendo una vida opulenta con la compra de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos, para alegar el éxito de la inversión». El órgano acusador también precisó que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L.

Un total de 49 personas se constituyeron en querellantes, luego de que no recibieran los beneficios que la imputada ofreció para captar clientes.

El Ministerio Público acusa a Rodríguez Díaz de violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tipifica la estafa, así como por los artículos 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.

Los abogados destacaron que tras meses de prisión, el Ministerio Público no ha presentado acusación y por tal razón la jueza varió la medida.