Santo Domingo.- Implicados en la estructura criminal del caso Caimán, integrada por narcofamilias, llegaron a acuerdos con el Ministerio Público para obtener una reducción de condena, tras admitir los hechos imputados por el órgano acusador.
Según la acusación, la red movilizó aproximadamente 28 toneladas de cocaína por año, desde diciembre de 2021 hasta abril de 2024, antes de que sus integrantes fueran apresados y sometidos a la justicia.
Se trata del imputado Carlos Manuel Cuevas Pérez, hijo de Gloria González Pérez, implicada en la organización criminal de narcotráfico que operaba en la región Sur. El Ministerio Público acusa a Cuevas Pérez de dirigir una facción de la red integrada por narcofamilias, denominada “Los Santa”.
También otros imputados buscan negociar con el órgano acusador. Dichos acuerdos serán conocidos y homologados, o no, por los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona el próximo 28 de agosto, durante la audiencia del juicio seguido a los implicados en el caso Caimán.
Entre los imputados figuran Geise Feliz Pérez, Gloria González Pérez, Jerbinson Bernabé López, Malbin Martínez Feliz, Wellington Ford Garó, Wilkins Joel Cuevas Ferreras y Wilmer Joel Cuevas Florián.
Además, se conocerá el juicio de fondo contra los imputados Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián, quienes continúan en el proceso, luego de que la Corte de Apelación de Barahona los enviara a juicio tras revocar el “No ha lugar” emitido a su favor por el Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción.
El grupo integra la red criminal de narcofamilias del caso Caimán, que, según la acusación fiscal, operaba en las provincias de Barahona, Peravia y Pedernales, desde donde enviaba cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
De acuerdo con el tribunal, existen evidencias suficientes que vinculan a los imputados con los hechos, las cuales deberán ser debatidas durante un juicio de fondo.
Los implicados en esta red están acusados de asociación de malhechores, tráfico de drogas y armas, lavado de activos y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
La red criminal utilizaba estructuras logísticas sofisticadas para movilizar grandes cargamentos de drogas, empleando lanchas rápidas artesanales tipo “Go Fast”. Estas operaban en la zona suroeste de la República Dominicana, desde donde se enviaban las sustancias ilícitas hacia sus destinos internacionales.
En el expediente también figuran los privados de libertad Juan Alberto Díaz Valdez, Miguel Ángel Carrasco Mejía y Gardy Sánchez, así como los ciudadanos venezolanos Pablo José Mavo León y Oswaldo José Colina, quienes actualmente cumplen prisión en las cárceles públicas de Baní y Barahona.
La acusación establece que la organización criminal logró movilizar, desde diciembre de 2021, aproximadamente 28 toneladas de cocaína por año, generando miles de millones de dólares que, según el Ministerio Público, eran canalizados hacia capos del narcotráfico internacional.
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