Procuraduría General de la República
SANTO DOMINGO.- Los implicados en el entramado de corrupción desmantelado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) mediante la Operación Medusa, cobraban sobornos a las empresas que previamente habían seleccionado para la licitación de obras, así lo establece la acusación del Ministerio Público.
El documento acusatorio señala que la estructura criminal tenía como eje operativo a Rafael Canó Sacco, quien era el Jefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República; el imputado Rafael Mercedes, el Encargado de Contabilidad fungía como asistente del imputado Jonathan Rodríguez Imbert y a su vez se encargaba de recolectar el diez por ciento (10%) del pago de soborno por parte de las empresas que eran beneficiadas como proveedoras de obras y servicios de la Procuraduría General de al República.
Además la Pepca señala que la imputada Altagracia Guillen Calzado tenía la función de Coordinadora del Área Administrativa, por lo que se encargaba de los pagos de los servicios de la institución, pero las evidencias prueban que su participación esencial consistía en maniobras de inflar los costos reales de las remodelaciones y equipamientos de las fiscalías.
De igual modo, el Ministerio Público indica que Guillen Calzado fabricó facturas de la empresa Ramsa para beneficiarse de contrataciones ficticias a cambio de recibir sobornos. Como es el caso de los materiales que se compraron supuestamente para la Fiscalía de Salcedo, pero los mismos fueron utilizados en la finca de la imputada en Monte Plata. Esta construcción se hizo prácticamente en su totalidad con los materiales y empleados de la Procuraduría General de la República.
«El entramado estableció un sistema fraudulento para las compras y contrataciones mediante el cual el imputado Jonathan Rodríguez Imbert, en coautoría con el imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien firmaba las actas, en la que en la mayoría de los casos, los imputados habían decididos previamente a quien se le debía asignar la licitación o quien no podía ganar bajo ninguna circunstancia», expone la Pepca en documentos oficiales.
En cuanto al implicado Rafael Mercedes Marte, quien era el contador de la Institución, la acusación manifiesta que su trabajo especifico consistía en calcular y recoger el soborno que se recibía, en muchas ocasionas en bultos, a la Procuraduría General de la República y de las que se beneficiaban la jerarquía de este entramado.
En el Plan de Construcción de Centros de Corrección se reflejaron las mismas maniobras fraudulentas, todo con la participación de los imputados, especialmente Jean Alain Rodríguez Sánchez, Alfredo Solano, Jenny Marte y Rafael Mercedes Marte, según la Pepca.
