Implicados del caso Lobo sobrevaluaron servicios de seguridad a instituciones y recibieron pagos sin prestar servicios

El grupo amplió contratos sin autorización y omitió retenciones impositivas

SANTO DOMINGO.- Los imputados en la estructura criminal del caso Lobo realizaron sobrecostos en la facturación de servicios de seguridad privada a instituciones públicas, incluso antes de la adjudicación de los contratos, como parte de un fraude al Estado que implicó pérdidas millonarias.

Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público, los miembros de la organización criminal, integrada por militares y civiles, lograron que diversas instituciones realizaran pagos indebidos por servicios que nunca se prestaron.

El grupo amplió contratos sin autorización y omitió retenciones impositivas, lo que provocó un debilitamiento de los mecanismos de control y supervisión. Los directores de seguridad, encargados de garantizar el cumplimiento, actuaron como garantes del esquema ilícito a cambio de beneficios económicos personales.

Pagaron sobornos para ocultar identidad de funcionarios

El documento indica que los imputados pagaron sobornos para beneficiarse de contratos en diversas instituciones públicas para servicios de seguridad privada. Utilizaban intermediarios para canalizar esos pagos y ocultar la identidad de los funcionarios beneficiarios, con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero ilícito.

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Estos intermediarios actuaban como enlaces entre las empresas contratistas y los servidores públicos, recibiendo los pagos y distribuyéndolos según los acuerdos preestablecidos dentro de la red criminal.

Además, se cometieron usurpación de funciones por parte de miembros del Comité de Compras, manipulación de evaluaciones técnicas, adjudicación irregular de contratos y flexibilización arbitraria de cláusulas contractuales para favorecer a los integrantes de la estructura criminal.

Los encargados de supervisar los contratos recibían sobornos para mantener vigentes las contrataciones y agilizar los trámites administrativos. Esto permitió la ejecución de contratos sin objeciones ni fiscalización, favoreciendo que las empresas mencionadas en el expediente operaran con total impunidad y se beneficiaran de fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos.

Empresas implicadas

Las compañías involucradas en el caso Lobo incluyen: Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE); Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL; El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

Magesty Waste & Recycling Company, vinculada a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez, Magesty Recycling SRL, relacionada con Belky Antonia Fernández Espinal y con Fernández Espinal y Rosario Sánchez.

Estas empresas habrían sido utilizadas como parte de la estructura criminal para ejecutar maniobras ilícitas, obtener contratos de seguridad con instituciones públicas y facilitar el pago de sobornos, desviando fondos del Estado.

Instituciones afectadas

Entre las instituciones perjudicadas por el esquema fraudulento se encuentran: Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI); Seguro Nacional de Salud (SeNaSa); Empresas Distribuidoras de Electricidad: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

El perjuicio económico causado por el caso Lobo supera los RD$108 millones.

Imputados

Los implicados en este escándalo de corrupción institucionalizada son: Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército; Andrés Pacheco Varela, coronel; Luis Ernesto Vicioso Bocio, coronel; Francisco Guarín Fernández, coronel; Elías Caamaño Pérez, coronel; Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea; Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército.

Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario; Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil