Implicados caso Lobo vieron servicios de seguridad como “la puerta hacia la fortuna”
La estructura “aprovechó para saciar su avaricia y ambición personal”, dice el expediente. El Ministerio Público pide sea declarado complejo.
Santo Domingo.-Los militares y civiles imputados en el caso Lobo vieron en la adquisición de servicios de seguridad privada con instituciones del Estado, mediante prácticas corruptas, “la puerta hacia la fortuna”, a través de la cual obtuvieron jugosas sumas de dinero mediante contratos irregulares.
Así consta en la solicitud de medida de coerción, en la que el Ministerio Público pide prisión preventiva para los señalados como parte de una estructura que, de forma “inescrupulosa”, aprovechó la oportunidad para saciar su avaricia y ambición personal. También piden que declare complejo el proceso.
Los imputados
Entre los imputados figuran un mayor general retirado del Ejército, cuatro coroneles que se desempeñaban como jefes de seguridad de varias instituciones, oficiales subalternos y civiles.
De acuerdo al expediente, las instituciones del Estado afectadas incluyen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edeeste y EdeSur).
El expediente indica que, a través de empresas de servicios de seguridad privada (guachimanes), durante más de diez años, los implicados distribuyeron sobornos a distintos funcionarios vinculados a las contrataciones adjudicadas y a la supervisión de los servicios prestados.
Las empresas adjudicatarias de contratos de seguridad pagaban entre un 5 % y un 10 % del valor total de cada factura a los funcionarios involucrados en el proceso, como condición para obtener y mantener dichos contratos.
Según la acusación, los sobornos identificados hasta la fecha ascienden a RD$108 millones, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional y otros funcionarios implicados.
Manipulación
A los acusados se le imputa usar licitaciones públicas para asegurar contratos mediante pagos ilícitos, sin importar si cumplían o no con los requisitos técnicos y económicos para ser favorecidos.
Así lo establece la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, donde además pide prisión preventiva para los implicados en el caso Lobo y que se declare complejo el proceso judicial.
Los implicados en la red criminal del caso Lobo, integrada por militares y civiles, cometieron maniobras fraudulentas utilizando documentos inconsistentes para obtener contratos de servicios de seguridad privada.
Entre estos figuran certificados de no cotizantes, licencias vencidas y constancias de capacitaciones inexistentes.
En la instancia acusatoria, el Ministerio Público menciona a varias empresas vinculadas a los imputados: Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase); Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL; El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
La compañía Magesty Waste & Recycling Company, vinculada a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez. La empresa Magesty Recycling SRL, así como la compañía Magesty Recycling SRL, de los imputados Bolívar Nicolás Fernández Espinal, Belky Antonia Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez, ambas ubicadas en Santiago.
Estas compañías habrían sido utilizadas como parte de la estructura criminal para ejecutar maniobras ilícitas, obtener contratos de seguridad privada con instituciones públicas y facilitar el pago de sobornos, con el fin de desviar fondos del Estado.
Entre las instituciones afectadas se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur, generando un perjuicio económico superior a RD$108 millones.
El grupo está imputado por los delitos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre otros cargos.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, aplazó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción de 18 peses de prisión contra los militares y civiles
Los contratos
10 Por ciento.
Tenían que pagar las empresas adjudicatarias a los funcionarios involucrados en la estructura.
Medida de coerción
—1— Aplazamiento
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción
—2— Expediente
Esto para que abogados estudien el expediente.
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