SANTO DOMINGO.- El entramado criminal del caso Camaleón creó una red privada de radiocomunicación sin la autorización del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), utilizando el espectro radioeléctrico para actividades de espionaje, interceptación y manipulación de señales.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, esta red privada del espectro radioeléctrico, bajo la propiedad de la empresa Transcore Latam, dirigida por José Ángel Gómez (Jochi Gómez), tenía la capacidad de capturar e interferir señales cercanas, accediendo a llamadas, transmisiones de video, datos de navegación y mensajes de redes públicas y corporativas.
Con el apoyo institucional de Hugo Beras, Gómez instaló y operó de manera clandestina una red de radiocomunicación privada utilizando espectro reservado del Estado dominicano, con fines ajenos al interés público. Esta red fue empleada para expandir operaciones de espionaje digital, interceptación y manipulación de señales.
El documento detalla que bajo el control de Gómez, propietario de Transcore Latam, se utilizó tecnología avanzada para sostener una amplia red de vigilancia digital desde la cual se cometieron las irregularidades.
Esta estructura ilegal de radiocomunicación permitió interferir redes de telecomunicaciones, lanzar ataques tipo “jamming” e incluso afectar comunicaciones gubernamentales, militares y de control aéreo, constituyendo una amenaza directa a la seguridad nacional.
Según el expediente, Hugo Beras, en su calidad de director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), remitió una comunicación al presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, solicitando la asignación de frecuencias para establecer una red privada de radiocomunicación, alegando que sería utilizada para transmitir información del tránsito desde las intersecciones al Centro de Control.
Posteriormente, el 12 de octubre de 2023, Beras amplió la solicitud mediante una comunicación dirigida a la directora ejecutiva Julissa Cruz, señalando que la red también serviría para mejorar las comunicaciones en los centros de emisión de licencias de conducir. Sin embargo, la investigación determinó que esos centros eran administrados indirectamente por empresas vinculadas a Gómez Canaán, entre ellas Dekolor y PagoRd Xchange.
Mientras las solicitudes estaban en evaluación, los imputados pusieron en funcionamiento la red sin autorización, utilizando equipos instalados en el Centro de Control Semafórico del Intrant, configurados para emitir señales en un segmento de frecuencia reservado al Estado y a telecomunicaciones móviles internacionales.
El 16 de enero de 2024, técnicos del Indotel realizaron una comprobación técnica del espectro radioeléctrico en el Distrito Nacional, detectaron emisiones no autorizadas en la banda, ubicadas en la avenida 27 de Febrero esquina Atalaya, donde operaba el Centro de Control del Intrant. El monitoreo confirmó la existencia de un transmisor punto-multipunto instalado en la azotea del inmueble, emitiendo señales de alta potencia.
Los días 13, 20 y 21 de febrero de 2024, el Indotel amplió sus pruebas en las bandas, ubicadas en sectores como Winston Churchill, Abraham Lincoln, Roberto Pastoriza, John F. Kennedy y Núñez de Cáceres, donde operaban los semáforos controlados por Transcore Latam, S.R.L.
En el expediente el Ministerio Público señala que los técnicos constataron actividad en el segmento, de uso libre, lo que demostró que la frecuencia no era necesaria para el sistema semafórico. Este hallazgo desmontó la justificación técnica presentada por el Intrant y confirmó que la solicitud tenía fines distintos a los declarados, dirigidos a ampliar la red de espionaje digital controlada por Gómez Canaán.
Como resultado, el 11 de marzo de 2024, el Indotel, mediante una comunicación requirió al Intrant cesar inmediatamente el uso no autorizado del espectro radioeléctrico y retirar el transmisor instalado en las coordenadas detectadas.
Asimismo, dispuso detener toda transmisión sin licencia o permiso previo, advirtiendo que el uso irregular del espectro constituye una infracción grave a la Ley General de Telecomunicaciones y puede conllevar sanciones administrativas y penales.
Finalmente, el 9 de abril de 2024, el Indotel declaró inadmisible la solicitud de autorización de red privada de radiocomunicaciones presentada por Hugo Beras Goico Ramírez, al tratarse de una banda reservada para servicios públicos móviles (IMT) y sujeta a licitación pública internacional.
El Ministerio Público sostiene que la estructura del caso Camaleón ejecutó maniobras ilegales para vulnerar al Estado dominicano y ampliar su red de espionaje clandestino.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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