La profusión de propaganda, promoción y publicidad gubernamental horroriza.
No lo hace únicamente el Gobierno central, sino también las instituciones autónomas y descentralizadas.
El desconcierto y hastío que ello provoca no solo es por la masiva inclusión de cuñas en radio, televisión, periódicos, revistas, vallas y todo tipo de medios de comunicación, sino por el descaro.
Mientras este brutal desvío de fondos del erario se realiza, para propósitos lejanos al servicio público que debe brindarse, el Gobierno, incluyendo el Congreso Nacional, no repara en hipotecarnos a todos, con el argumento del déficit en el presupuesto.
Alcaldes, diputados, senadores y Poder Ejecutivo vienen implementando, hace años, una estrategia propagandística, claramente personalista y megalómana, distanciada de las informaciones que la población debe saber sobre políticas públicas que requieren de su conocimiento.
Paradójicamente, el Gobierno dice no disponer de recursos suficientes para resolver los problemas básicos del país.
No hay recursos para educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, pero sí para crear percepciones positivas de la gestión pública, para silenciar, con asistencialismo, a la gran masa pobre que estos gobiernos clientelistas mantienen en sus miserias.
Para detener esto hacen falta acciones judiciales contundentes y el castigo a gobiernos corruptos y prevaricadores, capaces de todo, con tal de ganar en imagen y percepción públicas, aunque se hunda la isla. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzadas ante tan irresponsable afectación del patrimonio nuestro? Los amparos deberían llover.
