El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia recogió un sentimiento que luce ser generalizado, cuando expresó su asombro por el sadismo que se muestra en algunos crímenes, especialmente vinculados al mundo del narcotráfico.
La última matanza, la de Pedro Brand, fue una ejecución a sangre fría.
Está más que demostrada la participación de policías y militares en la protección del crimen organizado, pero esa complicidad no se queda ahí.
Toca a la judicatura mirar para adentro. No es posible que sea simple casualidad que jueces se dediquen a desmembrar expedientes eliminando pruebas obtenidas legalmente, lo que hace que los casos se caigan en las jurisdicciones siguientes.
La frecuencia con que pasan estas situaciones hace que por lo menos se sospeche.
No podemos olvidar que una juez de la provincia de Santo Domingo eliminó una grabación obtenida legalmente en el caso del asesinato del mayor Herrán Mancebo, por lo que ahora, al volverse a conocer el caso, una prueba fundamental para condenar a los culpables podría no usarse.
En el caso del narcotraficante Ernesto Bienvenido Guevara Díaz se desestimó también una grabación obtenida con orden judicial usando un pretexto muy poco convincente. Esas mismas pruebas resultaron útil para el sistema judicial norteamericano.
En el caso del narcotraficante José Figueroa Agosto, dos decisiones judiciales conspiran contra el proceso. La puesta en libertad de Sobeida Félix y ahora la devolución de inmuebles incautados que son importantes para llegar a una serie de cómplices en el delito del lavado de activos.
Nos preocupa el sadismo de los crímenes de narcotraficantes, la complicidad de policías y militares, pero también el extraño comportamiento del aparato judicial.
