Santo Domingo.-“La familia debe ser la gran protagonista de las políticas públicas del Estado”, así lo proclamó ayer en su manifiesto la Iglesia católica al cierre de la multitudinaria caminata ‘Un paso por mi familia’.

A través de la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida, la máxima representación religiosa del país, llamó al gobierno, a las familias y a toda persona de buena voluntad para que reconozcan la familia, apoyándola y buscando su estabilidad para que se pueda gozar de una sociedad sana.

Al coronarse ayer el Año Litúrgico, monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien encabezó la caminata que inició en el Parque Eugenio María de Hostos y continuó por el Malecón, insistió en que del bienestar del matrimonio y la familia dependen de toda la sociedad.

En la actividad se realizó una solemne eucaristía.

“Solo si se da un verdadero reconocimiento y protección de los derechos de la familia, se puede hablar de una genuina y correcta política familiar garantiza bienestar”, proclamó monseñor Benito Ángeles.

Recordó que el artículo 55 de la Constitución dominicana, sostiene que la familia, fundada en la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, ha de ser promovida y protegida por el Estado, ya que el bien de la familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley.

De ahí, que el Gobierno debe garantizar el bienestar y la estabilidad familiar mediante acciones y políticas que le favorezcan para su subsistencia y crecimiento.

El manifiesto expresa que, en la actualidad, la familia se encuentra en medio de un mundo cambiado y cambiante, que obliga a la Iglesia a estar atenta a las transformaciones que se producen y que amenazan la estabilidad del matrimonio y ese núcleo social como bien preciado de Dios.

Reclamos
Entre las peticiones del manifiesto están el reconocer y garantizar el derecho al respeto y a la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.

Que el Gobierno garantice ayuda a las familias más necesitadas, a través del Plan Social de la Presidencia, Senasa y otras entidades, de alimentos, medicinas y mayores oportunidades para las familias en situación de pobreza extrema; así como planes de viviendas a bajo costo, con financiamiento asegurado, para los grupos necesitados, control del mercado de alquiler; fijar tarifas equitativas y redes comunales, tarifas del gas, de la energía eléctrica, del agua, red de acceso a los servicios de transporte, escuela, entre otros, según la renta y la carga familiar.
Crear una red de centros de asistencia familiar para los núcleos con dificultades de convivencia, que contribuyan a proteger a las víctimas de la violencia, especialmente, a las mujeres, niños y niñas.

Igual establecer centros especializados para terapias de niños y niñas huérfanos traumatizados, sobre todo, aquellos que han perdido a sus padres o madres como efecto de la violencia intrafamiliar. Y la creación de la Casa de la Familia para familias con dificultades.

Entre otras facilidades, pide garantizar las fuentes de trabajo a las familias por parte del Estado y del sector privado para asegurar el sustento diario, la educación, la vivienda y un ambiente sano que permita la convivencia armónica en equidad y solidaridad.

Como cada año miles de personas se dieron cita a esta actividad en favor de los valores y la familia.