*Por Anny Guzmán
El cierre o desmonte gradual de La Victoria y la entrada en funcionamiento de Las Parras proyectan una imagen de transformación histórica del sistema penitenciario dominicano. No se trata solo de infraestructura. Se trata de la materialización de un cambio de paradigma previamente delineado por la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana.
La normativa vigente articula un modelo estructurado sobre la dignidad humana, la reinserción social y la resocialización del condenado. La pena privativa de libertad deja de concebirse exclusivamente como custodia para proyectarse como un proceso orientado a la corrección y reeducación.
Sin embargo, la distancia entre el diseño normativo y la realidad estructural continúa siendo uno de los mayores desafíos del sistema. La humanización penitenciaria no se agota en la proclamación de principios jurídicos. Requiere condiciones materiales capaces de sostener aquello que la ley proclama.
En este contexto, Las Parras adquiere una relevancia estratégica. Su capacidad operativa permite abordar núcleos esenciales del tratamiento correccional, particularmente la clasificación adecuada de la población penitenciaria, condición indispensable para cualquier política seria de resocialización.
No obstante, conviene evitar una lectura simplista. El hacinamiento no es solo un problema edilicio, sino un fenómeno sistémico. La modernización infraestructural representa un avance significativo, pero no sustituye la necesidad de políticas penitenciarias sostenibles.
Porque, en definitiva, humanizar la pena no es únicamente legislar principios ni construir centros modernos. Es garantizar su ejecución conforme al mandato de dignidad humana que fundamenta el sistema de justicia.
