Ninguno de los retos y desafíos que tiene por delante la República Dominicana en la actual coyuntura reviste mayor trascendencia que la organización de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales previstas para el año 2020, dada su implicación en la vida democrática del país.

La Constitución de la República confiere a la Junta Central Electoral (JCE) la facultad, en los artículos 211 y 212, de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas. De manera particular, en el párrafo IV, del artículo 212, establece:

“La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento.

En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

En el contexto anterior, el magistrado presidente de ese órgano, Julio César Castaños Guzmán, ha hecho un llamado de incalculable valor en el sentido de asumir un compromiso colectivo de trabajar para dejar una huella de imparcialidad y objetividad que despeje todas las dudas en la celebración de las próximas elecciones.

Ese gran compromiso por garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido y la realización de los actos lícitos para hacerlos valer, no solo corresponde a la JCE, sino también a todos los sectores que inciden en la vida nacional.

Las agrupaciones políticas y los medios de comunicación son actores fundamentales en este proceso electoral que habrá de convertirse en una fiesta democrática.

El primer paso radica en dotar al órgano rector de la organización del certamen electoral, la Junta Central Electoral y sus dependencias, de toda la confianza necesaria, en virtud que se trata de una intangible vital en toda acción humana.

La vida democrática demanda de los ciudadanos y ciudadanas cumplir con sus deberes, por lo que los venideros comicios llaman a no quedarnos pasivos y que, por el contrario, adoptemos una activa participación en el propósito de que sean los mejores organizados y transparentes de la historia dominicana.

Esa participación colectiva debe producirse, incluso, por una cuestión ética, moral y de conciencia social, con lo que se estará contribuyendo a la construcción de una República Dominicana más equitativa, justa, humana, solidaria y democrática.

Cabe, en este punto, que la creación de la consciencia moral es el fin último de la evolución social. Lo que persigue el hombre es lo bueno.

Lo bello, lo útil, lo justo y lo verdadero están dirigidos al establecimiento de una sociedad en que la consciencia social esté tan educada y evolucionada, que la bondad sea un principio naturalmente ejercido por todos.

El llamado del magistrado Castaños Guzmán está hecho; sencillamente hay que poner en ejecución el calendario electoral con la participación colectiva del pueblo dominicano.

Tomemos en cuenta que las expectativas, aspiraciones e ilusiones son los sueños de la razón. Asumamos con vehemencia el desafío de celebrar unas elecciones municipales, en febrero, y las congresuales y presidenciales, en mayo; de una transparencia tal que podamos exhibir orgullosamente nuestros avances democráticos.