Las estadísticas de muertes por “acciones legales” revelan una realidad que no podemos seguir ignorando. Según datos recopilados por el CESEDE, entre 2020 y agosto de 2025 se han registrado aproximadamente 867 personas que han perdido la vida en enfrentamientos con organismos de seguridad.
El gráfico muestra un crecimiento preocupante: 75 muertes en 2020, y 170 en lo que va de 2025. Cada barra no es solo una cifra; es el reflejo de una situación donde las muertes se han normalizado como desenlace de los conflictos entre ciudadanos y agentes del orden.
Este es un problema sistémico que toca la médula del Estado de derecho. Cuando el uso de la fuerza termina en muertes recurrentes, sin que medie un proceso judicial, se produce una fractura en la confianza social y se debilita la institucionalidad. No se trata de acusar a la Policía por su labor contra el delito, sino de señalar que el sistema está fallando al permitir que la justicia se ejecute en las calles y no en los tribunales.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas de estas personas eran realmente delincuentes? Y aun si lo fueran, ¿acaso no tenían derecho a un juicio justo, a la defensa y a que sus casos fueran conocidos por un juez? La muerte fulminante evita responder esas preguntas y nos coloca en un terreno peligroso donde nadie está a salvo. Hoy fueron los hijos, hermanos o amigos de otros; mañana pueden ser los nuestros.
No podemos resignarnos a que la violencia se convierta en el instrumento principal de la autoridad. Casos como la muerte de los pastores confundidos, los supuestos asaltantes de bancos abatidos sin juicio o los cinco jóvenes de Santiago son recordatorios de lo fácil que resulta traspasar la delgada línea entre seguridad y arbitrariedad.
De cara a este panorama, el país necesita decisiones firmes y responsables. Desde el CESEDE proponemos acciones concretas para frenar estos excesos:
Ser garantes de la vida y del respeto a los derechos humanos, mediante protocolos claros y públicos sobre el uso progresivo y proporcional de la fuerza.
Hay que asegurar que las investigaciones sean automáticas e independientes cada vez que una persona pierda la vida en un enfrentamiento con agentes estatales.
Reforzar la capacitación permanente de nuestros agentes en derechos humanos y mediación de conflictos, además de dotarlos de equipamiento que los proteja, pero que al mismo tiempo salvaguarde la vida de los ciudadanos.
Reactivar el observatorio ciudadano para ofrecer datos constantes, abiertos y creíbles, garantizando transparencia en cada caso.
Exigir responsabilidad judicial que ningún caso quede archivado sin que se determine con pruebas la naturaleza de la muerte.
La seguridad no puede sostenerse en la sombra de ejecuciones extrajudiciales. La verdadera seguridad se construye con prevención, con respeto irrestricto a la vida y con justicia.
El gráfico mostrado más arriba es un espejo de nuestra realidad: cada número que se eleva en esas barras representa un fracaso del sistema para garantizar lo más elemental: que todos, culpables o inocentes, tengan derecho al debido proceso.
“Hoy por mí y mañana por ti.” Esa es la advertencia que nos dejan estas cifras. Como sociedad debemos decidir si seguimos en silencio aceptando la violencia como método, o si exigimos un Estado que proteja la vida como fundamento de la justicia y la democracia.
La autora es directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE).
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Josefina Reynoso
La Dra. Josefina Reynoso Chicón es experta en seguridad y defensa, mención política Estratégica y directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE).
