SANTO DOMINGO.– Luego de haber recesado el pasado viernes, este domingo se reanuda el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el entramado de corrupción denominado Operación Calamar.
Se espera que la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, inicie a las 9:00 la audiencia para conocer la medida de coerción a los acusados de estafar y defalcar al Estado con más 19 mil millones de pesos.
En la última audiencia, el pasado viernes, 10 de los 20 imputados en el caso Calamar llegarán a un acuerdo con el Ministerio Público y admitieron los hechos que se le imputan.
Hoy la audiencia estará enfocada en escuchar a la defensa de los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión para los implicados en la supuesta estructura criminal que encabeza Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, y que implica a otras personas.
A todos los implicados que han admitido su participación en el Caso Calamar y se han comprometido con colaborar con la investigación del proceso, el Ministerio Público les varió la solicitud de medida de coerción a arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas.
Así lo informó el titular de Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho quien además dijo que estos acusados deberán devolver el dinero que recibieron de forma ilícita.
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Calificó el hecho de asombroso puesto que de los 20 imputados en el caso, 10 han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye el 50% .
Señaló además que las admisiones de los imputados, corroboran todas las líneas que ha presentado el MP en este proceso.
«Debemos confesar que la forma como estos imputados han narrado ante tribunal cómo operaba este entramado de corrupción que incluso ellos le informaban al tribunal que se comportaban como una mafia, debemos confesar que dijeron más de lo que esperábamos nosotros y fueron más lejos incluso en varios puntos a los que había llegado el Ministerio Público, y eso unido a las pruebas que ha presentado el MP, debe dar al traste que las conclusiones que hemos hecho al tribunal deben ser acogidas y deben imponerse las medidas de coerción que hemos solicitado», sostuvo Camacho.
