El Día 
SANTO DOMINGO.- Un exprocurador adjunto y experto en investigación de fraudes propuso al ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, implementar medidas administrativas para evitar la adulteración y manipulación fraudulenta de las documentaciones que se expidan a los extranjeros que serían inscritos en el Registro Civil conforme a la ley de Naturalización.
Bonilla, mediante instancia dirigida al ministerio, expresó que la primera medida a implementar es seleccionar, previa depuración, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia, un número limitado de notarios públicos, que serían los únicos habilitados para recibir las declaraciones, mediante actos de notoriedad.
Los notarios serían identificados antes de iniciar la recepción de documentos, mediante comunicados en espacios pagados en medios de comunicación y por otras vías.
El exrepresentante del Ministerio Público consideró que en cada municipio, distritos Judiciales y/o Circunscripciones Electorales deberá existir un número limitado de notarios tomando como base la cantidad potencial de beneficiaros en cada una de esas demarcaciones, ya que el decreto número 250-14, del 23 de julio del año 2014, que instituye el Reglamento de Aplicación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, dispone como formas de probar el presunto nacimiento en el país se haga mediante declaración ante notarios, conforme lo dispuesto en el artículo 11, letras b) c) y d).
El abogado e investigador expresó que hacía dicha propuesta “porque para nadie es un secreto que el tema de la Naturalización se ha desatado una conjura contra las instituciones del Estado”.
También recordó que resulta un hecho notorio que en el pasado hubo notarios públicos que estamparon sus firmas en cualquier documento simplemente con el interés de recibir sus honorarios.
Bonilla consideró es necesario que se implementen los controles de lugar para que el proceso de desnaturalizado pueda ofrecer una salida justa a todas las personas que verdaderamente hayan sido afectadas por la Sentencia 168/13, dictada por el tribunal Constitucional en septiembre del pasado año.
