A la solidaridad del Estado, anunciada por el presidente Luis Abinader el martes en San Cristóbal, se suma el anuncio de entidades privadas movidas a la asistencia a favor de las víctimas de la explosión e incendio subsiguiente ocurridos la tarde del lunes.

Hasta ayer el saldo de las víctimas, de acuerdo con el Comité de Operaciones de Emergencias, era de 27 muertes y 59 personas con fracturas, heridas y quemaduras de gravedad variada, así como trece establecimientos comerciales, algunos de ellos destruidos y otros afectados en diferentes grados.

El presidente de la República informó que la asistencia estatal está contemplada en el Presupuesto Nacional.
Ayer la Asociación de Bancos Comerciales informó de la creación de un fondo para donaciones a los afectados y a las entidades que llevan a cabo labores humanitarias en el barrio afectado por la explosión.

La solidaridad se hará presente en diversas formas. Ojalá sea oportuna y no sólo en el plano material, porque hay mucho daño que tratar entre personas, edificaciones e inversiones, algunos de ellos difíciles de identificar.

Piénsese, nada más, en la desconfianza que apenas unas horas después de la tragedia empezaron a albergar los que retornaron a sus casas —de las que se vieron obligados a huir— cuando al volver las encontraron vacías.
Parece un trauma secundario, pero se puede tener la seguridad de que será duradero.

En despojos como estos está la base de la renuencia de personas, y a veces de vecindarios enteros, a dejar sus casas cuando ante la inminencia del desastre que suele acompañar a las grandes tormentas, se niegan a salir.

Sanar a los que han sufrido la pérdida de un familiar en estas condiciones puede llegar a ser difícil. Conseguirlo con el que ha tenido una lesión o una amputación, también. Tal vez los menos dolorosos de los daños en San Cristóbal sean los de tipo material.
La solidaridad, como consecuencia, debe ser plena y enfocada en muchos factores.