La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que define los criterios para obtener la nacionalidad dominicana se convirtió en el punto de partida del ordenamiento jurídico de un problema que crecía de manera desmesurada con el paso de los años.
Nadie podía pretender que poner la casa en orden se hiciera sin crear cierta conmoción, pues muchos se beneficiaron del desorden anterior, ya sea por desconocimiento o por maldad.
Esa sentencia ordenó la puesta en marcha del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, dispuesta por una ley general de Migración aprobada en 2004, pero a la que ninguna autoridad parecía querer hacerle caso.
También definió el estatus de una serie de personas que se habían inscrito de manera irregular en el Registro Civil y que al aplicarse la Ley quedaban en una especie de limbo jurídico. Como no hay una solución única, la sentencia 168-13 parió la Ley 169-14 que crea un régimen especial de naturalización.
Ambas disposiciones fueron una muestra de que con nuestro ordenamiento jurídico, y por iniciativa de nuestras instituciones, se le podía dar una respuesta a quienes se vieron afectados por haber sido inscritos de manera irregular en el Registro Civil, pero sin intenciones fraudulentas.
También ha quedado demostrado que los sectores que desde hace mucho tienen una campaña de descrédito contra República Dominicana no tienen interés por los inmigrantes haitianos, sino por denostar al país, quizás por razones económicas o de prejuicios.
Hay sectores que nunca reconocerán los aportes de la sentencia 168-13, aunque aplaudan sus resultantes. Eso ya no importa en estos momentos, pues lo relevante es que tenemos los instrumentos para poner la casa en orden y mantenerla ordenada.
Manos a la obra.
