BOGOTA, Colombia.-Políticos investigados por nexos con grupos paramilitares de extrema derecha, y familiares de detenidos o condenados por ello, obtenían este lunes al menos 25 de las 102 bancas del Senado colombiano tras las legislativas del domingo, y pese a advertencias de ONG y analistas.
León Valencia, director de la Fundación Nuevo Arco Iris que estudia el fenómeno del conflicto colombiano, aseguró a la AFP que sólo en el nuevo Senado aparecen los nombres de 25 personas que de alguna forma "tienen vínculos con grupos paramilitares".
Ello sin contar con los aspirantes que podrían haber sido elegidos para la Cámara de Representantes, cuyos resultados definitivos aún no han sido entregados por la Registraduría, agregó.
El caso más notorio es el del polémico Partido de Integración Nacional (PIN) -integrado por "herederos del paramilitarismo" de acuerdo con ONG y analistas- que se alzaba con 8,14% de los votos, lo que le daría ocho senadores.
Según la Registraduría, escrutado el 93,82% de los votos, el PIN alcanzaba 137.526 sufragios para el Senado (8,14% del total) y se posicionaba como la cuarta fuerza política más importante en esa corporación.
Para Valencia, partidos como el PIN "habían acumulado mucho poder económico, político, y capacidad de intimidación en todos los lados".
"Esa votación es la manifestación de tal situación. No hay quien los detenga porque esto contó, incluso, con el respaldo de la misma Casa de Nariño (sede presidencial)", denunció. "Obtuvieron una votación que los convierte en árbitros en el Congreso y en la campaña presidencial, porque van a ser decisivos en momentos en que los mismos sectores oficialistas no tienen las mayorías tan claras", explicó.
En ese mismo sentido se pronunció Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de la Fundación Transparencia por Colombia, quien dijo a la AFP que "no aprendimos la lección".
"El país volvió a elegir personas con demasiados cuestionamientos éticos", anotó, en alusión al Parlamento saliente, en el cual un tercio de sus integrantes han sido investigados por supuestos vínculos con paramilitares, de los cuales doce han sido condenados. Según Ungar, "el poder del dinero sigue siendo supremamente grande y desgraciadamente hay una cultura de la ilegalidad que se ha ido extendiendo".
El PIN reemplazó al desaparecido partido oficialista Convergencia Liberal, uno de cuyos fundadores, el ex senador Luis Alberto Gil, está detenido y es procesado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Otro de sus fundadores, el ex gobernador del departamento de Santander (norte) Hugo Aguilar, es investigado igualmente por posibles nexos con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).
Su hijo, Mauricio Aguilar, se encuentra entre los ocho senadores del PIN que ingresarán al nuevo Congreso. Para las legislativas del domingo, el PIN acogió a aspirantes que fueron rechazados por otros movimientos, como el partido de La U y el Conservador, los dos de la coalición oficialista.
La lista de elegidos del PIN la encabeza Juan Carlos Rizzetto, procedente de un grupo político regional, creado por un ex senador condenado en un proceso por financiación del narcotráfico a campañas políticas, y por un ex congresista detenido por vínculos con el paramilitarismo. También está Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilse López 'La Gata', detenida e investigada por el delito de lavado de activos y nexos con paramilitares.
Otro asiento fue ganado por Teresita García Romero, hermana del ex senador Alvaro García, condenado por la Corte Suprema a 40 años de prisión en calidad de responsable de una masacre que dejó 15 muertos y que ejecutaron paramilitares. De acuerdo con Valencia, otros partidos o movimientos que habrían elegido presuntos 'herederos del paramilitarismo' son el Conservador, la 'U', el Partido Liberal y Cambio Radical.
