Los gobiernos, tanto los de República Dominicana como los de la última década democrática de Haití, se han preocupado por la modernidad, por las inversiones urbanas, pero muy poco se conoce de los planes migratorios y un control más rígido de la población flotante.
Al país y Haití les llegó el momento de pensar mejor, de ensayar políticas eficaces para un futuro individual, pero con problemas comunes que ya alcanzaron un punto de alta prioridad y preocupación para las sociedades y los ciudadanos de ambos países.
La modernidad trae progreso en virtud de sus millonarias y complejas inversiones, pero por tratarse de una modernidad de dos países pobres, que se traduce solo en inversiones de infraestructuras urbanas, acelera e intensifica un tipo de migración laboral y familiar para la que no disponemos de fórmulas eficaces de control.
Esa falta de control repercute en una mayor y muy sensible presión habitacional, demandas de trabajo, de seguridad, cobertura de salud y educación, fruto de la contratación de mano de obra barata para construir la modernidad y apuntalar el desarrollo de millonarias inversiones, sin pensar en los planes que colateralmente necesitan Haití y la República Dominicana.
Hay que sentarse a planificar o negociar el tipo de migración más conveniente o aceptable.
Eso es impostergable, de lo contrario nos arropará hasta asfixiarnos un alud migratorio proveniente no solo de Haití, pues también la amenaza es interna y global, fruto de la crisis norteamericana y europea, que ya empieza a sentirse en nuestros países.
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