Hay que hablar de posposición de las elecciones

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Periodista Luis García

Finalmente, la Junta Central Electoral (JCE) se decidió a dar el paso de solicitar la opinión a los partidos políticos sobre la posibilidad de posponer las elecciones generales presidenciales y congresuales previstas a celebrarse en mayo próximo, debido a la crisis sanitaria que afecta el mundo, provocada por el coronavirus Covid 19.

Conforme a la petición el órgano electoral, las agrupaciones políticas reconocidas dispondrá de un plazo de cinco días para pronunciarse por escrito sobre la posibilidad de recanalizar los comicios, que implicaría variar el tercer domingo de mayo y, además, la fecha de una eventual doble vuelta electoral, ambas establecidas en la Constitución de la República.

Estamos, por vía de consecuencia, ante una decisión del más alto nivel de nuestro estamento jurídico, la cual va necesitar de gran discernimiento y consenso social y juicio político.

Si bien es cierto que, por mandato constitucional, hay que llevar a cabo el proceso electoral con la finalidad de instalar a las nuevas autoridades en la Presidencia de la República y las Cámaras Legislativas, también constituye un imperativo la preservación de la salud del pueblo de la República Dominicana.

La situación creada por la pandemia coloca al país ante el dilema de continuar sin alteraciones con el proceso eleccionario, o posponerlo, como medida preventiva de frenar el contagio del virus que amenaza con seguir cobrando vidas en diversos puntos del territorio nacional.

Aunque formalmente recae en la JCE la responsabilidad de organizar las elecciones, el momento demanda de que todos los sectores que inciden en la vida nacional se pronuncien de manera sensata acerca de qué hacer, sin que ello guarde relación con el tratado político que escribiera, a principios del siglo XX, el líder revolucionario ruso Vladímir Ilich Uliánov (Lenin).

La Constitución de la República confiere a ese órgano la facultad, en los artículos 211 y 212, de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas. Indudablemente que se trata de un desafío extraordinario para con el futuro de la población dominicana en una coyuntura delicada.

De una cosa si hay que cuidarse, y es que las medidas que se adopten sean fundamentas en la sensatez. Y es que en muchas de las sociedades democráticas, frecuentemente se suele recurrir al populismo como mecanismo de caer bien ante determinados sectores sociales o populares que inciden en la cotidianidad y en la lucha por el poder político.

El problema del populismo es que siempre resulta complejo y perjudicial; eso así, porque genera consecuencias adversas, debido a que en la mayoría de los casos carece de fundamento y termina acarreando déficits institucionales que impactan negativamente a la democracia. Generalmente, los populistas no escuchan las voces sensatas, bajo el entendido de que se contraponen a sus intereses.

En el caso de la democracia electoral, también va a exigir de prudencia, de la aceptación de las normas y de que las decisiones institucionales y jurisdiccionales se produzcan en el marco de la realidad de cada sociedad.

Hay que conferir mayor valor a la democracia dominicana, transformándola y hasta reinventarla si fuere necesario.

Las opiniones que habrán de emitir los partidos políticos al planteamiento que ha hecho la JCE, revestirá una importancia capital en el curso de los acontecimientos, en estos tiempos de la pandemia de coronavirus y de campaña electoral.

Esperemos que esas opiniones pasen, entre otras cosas, por considerar la preservación de la salud física y mental de la población.

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