La Constitución vigente establece la creación de varias instituciones del Estado. A saber, el Tribunal Electoral, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Garantías Constitucionales.
No existen, y por tanto ninguna tiene partida presupuestaria en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gasto Público que conoce el Congreso Nacional, como debe ser.
El país no transita por su mejor momento económico. No hay augurios de que el próximo año sea tan maravilloso como plantean algunos economistas, pero tampoco gris y de grandes reveses como alegan otros profesionales de las finanzas.
En cuanto a las demandas presupuestarias de instancias estatales, pendientes de conformación, consideramos sensatas, atinadas y oportunas las observaciones del titular de Hacienda.
Hay que esperar que esas instituciones sean creadas y, sobre todo, cuando se defina el presupuesto que necesiten para que funcionen. No se pueden tomar decisiones en el aire.
Las que se tomen dependerán de otro pliego de decisiones, incluidas las deliberaciones y escogencia que harán en ese sentido los órganos constitucionales llamados a conformarlas.
Sin embargo, sería prudente buscar algunas fórmulas que permitan que esos tribunales o figuras constitucionales empiecen a trabajar cuando sean conformados.
También entendemos necesaria la rápida reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para la designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y la sustitución de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que han pasado de la edad límite para seguir en el puesto.
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