SANTO DOMINGO.-Más de 326 víctimas de trata de personas, incluyendo menores, han sido rescatadas desde el año 2020 hasta a la fecha, por miembros de Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y otros organismos del Estado. La mayoría fue sometida a la explotación sexual.
De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de la República, las víctimas de trata, entre adultos y menores, también sufrían de explotación laboral, de turismo sexual y proxenetismo, bajo amenazas permanentes.
La titular de la Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Yoanna Bejarán, dijo que la mayoría de las víctimas de trata es de nacionalidad colombiana, mayormente jóvenes con condiciones vulnerables que caen en manos de redes criminales. Este año fueron rescatadas 31.
Las zonas del país donde se registran los mayores índices de casos de trata de personas son las partes turísticas, como La Altagracia (Higüey), en el área de Punta Cana, La Romana, Puerto Plata y también en Santiago, aunque no es considerada zona turística, pero tiene una alta incidencia de estos casos.
De igual manera se han identificado casos de trata en la zona fronteriza, especialmente en las provincias Dajabón y Montecristi.
Igual en la región del sur, particularmente en San Juan y Elías Piña, en un registro de casos de trata de personas, en menor proporción.
El Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tienen una incidencia de casos de trata parecida a la detectada en otros lugares del país.
Formas de operar
En los últimos años los perpetradores de los diferentes delitos de la criminalidad organizada han modificado sus modos de operación, como los de trata de personas y de tráfico de migrantes, para la captación de sus víctimas.
También han variado los medios utilizados para ofertar los servicios sexuales, como el uso de plataformas web y redes sociales digitales, entre otras herramientas tecnológicas, lo que representa un desafío para las autoridades en materia de actualización para la identificación y persecución de este delito en sus diferentes manifestaciones, agregando una dificultad continua en la desarticulación de estructuras criminales y en el rescate de víctimas envueltas en casos.
La procuradora adjunta indicó que en la identificación de las estructuras de estos delitos se trabaja conjuntamente con otros organismos de inteligencia del Estado para el análisis de casos y así identificar a los implicados en redes y su conexión en la operación de la trata.
Esta labor ha permitido desmantelar estructuras criminales involucradas en esta operación delictiva, como lo es la trata de personas y de migrantes.
“Hay que seguir desmontando la cultura que entiende que la víctima de trata, es culpable y responsable de lo que le está pasando. Y que no entiende que hay una necesidad de una vulnerabilidad”, dijo Yoanna Bejarán.
“Nosotros somos parte de una sociedad que hemos normalizado este delito”, dijo tras indicar que los tratantes buscan uno o varios perfiles, que son la necesidad o vulnerabilidad de su objetivo”, agregó.
Explicó que cualquier mujer que venga al país o se desplace a otros lugares puede verse afectada por los tentáculos de esas redes, sin recibir apoyo, que los involucrados ofrecen una esperanza de vida, un trabajo con buenas remuneraciones, pero cuando llegan caen en sus manos se dan cuenta que no existe nada de lo prometido y los pasaportes son retenidos.
Luego los miembros de las estructuras criminales de trata de personas investigan las situaciones de las víctimas con sus madres y si tienen hijos para mantenerlas bajo amenazas y así las mantienen sometidas, inclusive con el consumo excesivo de sustancias controladas para tenerlas bajo control.
Bejarán lamentóque mujeres jóvenes sean víctimas de trata.
Explicó que también desde la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Persona se combate la trata local, con el caso de menores de edad usadas para explotación sexual.
Desde la institución y otras dependencias se ofrecen atención y protección a las víctimas de trata de personas, con su total aprobación.
En ese sistema de protección a víctimas de la Procuraduría, generalmente se incluyen extranjeras interesadas, mientras que las dominicanas sólo aceptan si tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Nunca las incluidas en ese programa son obligadas a testificar ni aportar pruebas al Ministerio Público.
Redes desmanteladas
Varias estructuras criminales de trata y tráfico de personas han sido desarticuladas mediante las operaciones denominadas Casa Blanca, Iguana, Enciclopedia, Catleya, Frontera y Los Foráneos. En cada caso han sido arrestadas entre 15 y 20 personas que fueron sometidas a la justicia.
En el caso Catleya fueron rescatadas más víctimas, con total de 84 jóvenes venezolanas y colombianas, con el sometimiento a los tribunales de 16 personas.
En la operación Merengue 34 fueron rescatadas 41 dominicanas en territorio francés, en un entramado con operación en República Dominicana, pemitiendo apresar a una pareja de esposos que luego fueron extraditados a Francia.
Organismos
—1— Función
La Procuraduría Especializada crea y ejecuta las política criminal contra el delito de trata y tráfico de migrantes.
—2— Instituciones
En la lucha contra esa acción trabajan las fiscalías, la Policía y autoridades castrenses.
—3— Cooperación
También otras dependencias nacionales e internacionales ayudan al combate del delito.
A prisión dos de tres implicados red
Justicia. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso tres meses de prisión a dos de los tres venezolanos acusados de amenazar y obligar a varias colombianas a tener relaciones sexuales con hombres por dinero, que luego le quitaban.
La red de trata fue desmantelada mediante operación MC Girasol. Eel Ministerio Público profundiza la investigación para identificar a otros. La magistrada envió a Michelle Carolina Gutiérrez y Mario José May Mendoza al Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Mujeres y Hombres, respectivamente.
Al imputado Jhorman Derek Cortés Solano, la jueza le impuso el pago en efectivo de una garantía económica de RD$500 mil e impedimento de salida.
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