SANTO DOMINGO.-Sentadas en su improvisado puesto ambulante de artículos de belleza, Marushka Pierre y su familia se debaten entre quedarse en República Dominicana o volver a su natal Haití de donde salieron hace 15 años, luego de que no lograron legalizar su estatus migratorio en el plazo otorgado por el gobierno.
“Gastamos muchos cuartos (dinero) para nada” en el intento de obtener el permiso de residencia, aseguró Pierre, de 23 años, mientras atiende el pequeño negocio familiar instalado con desvencijadas sillas, viejas tablas y algunas sombrillas para protegerse del intenso sol en una acera del barrio conocido como el Pequeño Haití, en el centro de Santo Domingo.
Asegura que, aunque intentaron inscribirse en el plan e hicieron largas filas durante varios días en las oficinas de registro, las autoridades “pedían demasiados papeles”.
El programa de regularización buscaba legalizar el estatus de los extranjeros que viven en el país desde antes de octubre del 2011 sin permiso, en su gran mayoría proveniente del vecino Haití.
El plan concluyó a la medianoche del 17 de junio cuando sólo se habían inscrito unas 288.500 personas, 55% del número estimado de inmigrantes.
El proyecto estaba previsto desde 2004, pero comenzó con 10 años de atraso luego de que el Tribunal Constitucional lo exigió en una polémica sentencia en la que también ordenó abrir juicio individuales para anular la nacionalidad de las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007 de padres extranjeros sin permiso de residencia, como ocurre con miles de descendientes de haitianos.
Una ley posterior, validó la nacionalidad de los afectados por ese fallo. Aunque el trámite para inscribirse en el programa era gratuito, los solicitantes tenían que presentar documentos notariales y legalizados por la Procuraduría General, lo cual implicaba gastos que podían resultar onerosos.
Una canción de Kompás, un popular ritmo haitiano, ambientaba la zona donde tradicionalmente cientos de inmigrantes haitianos venden y compran en las calles diversos productos agrícolas, de limpieza y comida. A diferencia de días previos, en el Pequeño Haití la presencia de inmigrantes era reducida el viernes.
“Los que no tienen documentos ya se fueron”, asegura Angela Marte, una inmigrante haitiana que vende comida en el Pequeño Haití y que sí logró inscribirse en el plan para legalizar su estatus. El gobierno dominicano advirtió que comenzará de forma paulatina a repatriar a todos los inmigrantes que no se hayan inscrito en el plan, pero organismos de derechos humanos aseguran que algunos haitianos ya fueron repatriados, pese a estar registrados en el programa.
Los militares “les rompían los papeles (que certifican que se inscribieron) y se los llevaban”, aseguró por teléfono la activista Hilda Peña, coordinadora del grupo de derechos humanos Red Fronteriza Janó Siksé, con sede en la localidad limítrofe de Dajabón, 300 kilómetros al noroeste de la capital.
Los inmigrantes que sí se inscribieron tendrán un lapso pare concluir el trámite, pero de no presentar todos los requisitos serán susceptibles de ser repatriados. Ante el temor de que agentes migratorios las detengan y deporten por carecer de permiso migratorio, Marie, hermana mayor de Marushka, dice tajante: “no importa, nos vamos antes de sacarnos”.
En Santo Domingo las líneas de autobuses que viajan a Haití o a la frontera bilateral aseguraron que no reportaron ningún aumento en su demanda en los últimos días.
Diversos canales de televisión han mostrado imágenes de decenas de haitianos que retornan con maletas, colchones y algunos muebles a su país a través del puente fronterizo entre Dajabón y Ouanaminthe.
El mayor problema para la familia Pierre es que Marushka estudia medicina en la universidad y, como estudiante, tiene posibilidad de obtener un permiso especial de estadía, mientras que su hermana y su mamá están en riesgo de ser deportadas.
Pierre explica que, de comenzar las deportaciones, su familia volverá a Haití en las próximas semanas.
