El Día 
*Por Alan Solano Tolentino
República Dominicana enfrenta desafíos únicos en su frontera con Haití, exacerbados por la ausencia de legislaciones críticas y una situación política volátil en el vecino país. La Constitución dominicana de 2010 estableció medidas para proteger la propiedad inmobiliaria en zonas fronterizas y la necesidad de un sistema de inteligencia estatal, pero, a día de hoy, dichas medidas permanecen insuficientemente desarrolladas. Esta laguna legislativa abre interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad nacional en relación con Haití.
La inestabilidad política de Haití, destacada por el Dr. Leonel Fernández y otros, no solo afecta a ese país, sino que tiene repercusiones directas en la República Dominicana. Incidentes como las negociaciones secretas sobre la entrada de Ariel Henry al país y la decisión de abstenerse de participar en la reunión del CARICOM, subrayan la complejidad de las relaciones entre ambos países y la necesidad de una estrategia coherente y transparente.
La situación se complica aún más con el llamado de la ONU a la República Dominicana para que respete los derechos humanos de los migrantes haitianos, en medio de una crisis migratoria que también ha puesto a prueba las políticas fronterizas de Estados Unidos. La respuesta de la comunidad internacional, aunque necesaria, no puede sustituir la urgencia de una solución dominicana que respete los derechos humanos sin comprometer la seguridad nacional.
La seguridad nacional dominicana se encuentra en una encrucijada, enfrentando la presión internacional y la necesidad de abordar la migración haitiana de manera humanitaria, pero eficaz. La falta de legislación adecuada y una política clara hacia Haití no solo amenaza la soberanía y seguridad de la República Dominicana, sino que también plantea preguntas sobre su compromiso con los principios democráticos y humanitarios.
Es vital que la República Dominicana revise su enfoque hacia Haití, equilibrando la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional. Esto requiere no solo la implementación de las leyes pendientes, sino también una diplomacia activa y estrategias que promuevan la estabilidad y el desarrollo en ambos lados de la frontera. Solo entonces, podremos esperar una solución sostenible a los desafíos que enfrentamos, en consonancia con nuestra Constitución, leyes y valores fundamentales.
La situación actual exige una reflexión profunda y una acción decidida. Aunque la República Dominicana no puede resolver la crisis haitiana por sí sola, tiene el deber de adoptar medidas que protejan su seguridad nacional, respeten los derechos humanos y contribuyan a una solución regional. La historia nos juzgará por nuestras acciones en este momento crítico. Es hora de actuar responsablemente.
*Colaborador del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de Funglode.
