El Gobierno dominicano ha dado demostración de su firme decisión de enfrentar el grave problema del estatus legal de cientos de miles de extranjeros (en su inmensa mayoría haitianos) que se encuentran en el territorio nacional.
Desde el lunes se ejecuta un Plan Nacional de Regularización que implica grandes sacrificios económicos para el Estado dominicano, dinero que hace falta para atender otras necesidades fundamentales.
Las acciones en ese sentido por parte del Gobierno dominicano vienen a poner orden en una materia que era un total caos, como es el de la inmigración ilegal de extranjeros, especialmente de haitianos.
Pero también constituye una gran muestra de solidaridad con Haití, nación que cada año recibe más de 300 millones de dólares de sus ciudadanos que residen en República Dominicana.
El Gobierno haitiano está en la obligación de corresponder ese enorme sacrificio dominicano facilitando la documentación a sus ciudadanos para que legalicen su estatus y haciendo esfuerzos verdaderos para detener la oleada migratoria que ha desbordado con la cuota de solidaridad que está en capacidad de soportar República Dominicana sin empobrecerse.
Ahora se requieren señales reales de que las autoridades haitianas están en la disposición de enfrentar su cuota de responsabilidad en la solución de este problema, que de continuar sin control podría también arrastrar a este país.
La comunidad internacional tampoco puede hacerse la desentendida.
Ya se dio el primer paso, esperamos los otros.
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