La comunidad internacional sigue actuando con relativa indiferencia ante la situación haitiana con evidencia de que quieren arrastrar a la República Dominicana a que se involucre de manera directa en esa crisis.

Hace bien el Gobierno dominicano en resistir las presiones y mantener su posición de apoyar las iniciativas internacionales para ayudar a la pacificación de Haití, pero que no impliquen tener participación directa en las acciones internas en territorio haitiano.

Kenia, país africano que se ha mostrado dispuesto y decidido a encabezar la fuerza policial de la ONU para intervenir Haití está a la espera de los fondos prometidos para acometer esa acción humanitaria.
Pero la respuesta efectiva ha sido lenta.

El primer ministro Ariel Henry literalmente ha sido sacado del poder porque las bandas le han impedido regresar a su país y se ha quedado varado de manera indefinida en Puerto Rico, que para fines de la comunidad internacional es territorio de Estados Unidos.

No hay ninguna información que permita deducir si realmente podrá regresar a su país sin que su vida sea puesta en peligro.

Cada día que se retrase la intervención de la comunidad internacional, la situación se tornará más difícil en Haití y la solución se complicará más.

Las bandas criminales que controlan ese país lucen envalentonadas y con la determinación de hacerse con el control político, aumentando así el peligro para República Dominicana y la seguridad de toda la región.

Un país controlado por criminales sería un paraíso para terroristas, narcotraficantes y todas formas de crimen organizado, además de la avalancha migratoria hacia todos los países cercanos.
El tiempo se agota y la crisis haitiana se dimensiona a niveles impensables.