La administración de la economía del Estado dominicano recae en el partido político que gane las elecciones presidenciales, cada cuatro años, en condiciones normales.
El modelo administrativo de los recursos multimillonarios que recibe el Estado durante un cuatrienio tiene que ser traducido en beneficios directos a todos los dominicanos, ya sea a través de una educación de calidad, salud, alimentación, viviendas y una variedad de servicios públicos, entre otras responsabilidades.
Todos los gobiernos, de un tiempo a esta parte, le huyen a declarar un aumento general de salarios. Prefieren hablar de un ajuste salariar al sueldo mínimo. Un aumento que, por lo general solo “beneficia” a los servidores públicos que se hallan dentro de ese rango.
Y como el gobierno no produce dinero, ese incremento, a la hora que se produzca, tendrá que ser cubierto con el dinero de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
La medida de aumentar el sueldo mínimo todavía está bajo estudio del gobierno del presidente Abinader, pero ya es una promesa. Habría que contemplar también blindar las nóminas de las instituciones públicas, que todavía siguen abiertas en caótico crecimiento; y, sobre todo, establecer medidas duras e incontrovertibles desde el poder Ejecutivo que incidan en el control del gasto público, que según los indicios, tampoco cuenta con controles claros y precisos.
