*Por Dionisio Soldevila
Se han escrito miles de palabras y decenas de columnas cuestionando las razones por las que las autoridades que regulan el transporte, permiten diariamente que se viole la ley 63-17 sin consecuencia alguna.
En cualquier intersección del país, se pueden contar hasta 40 motoristas que violan el semáforo en rojo que, al provocar accidentes o muertes, conlleva a una pena de tres años de prisión y 100 salarios mínimos de multa, de acuerdo al artículo 304 de la citada legislación.
Pero más que los cruces en rojo de los motoristas, es el nivel de caos y apatía que nos ha arropado en este tema. Una vez don Radhamés Gómez Pepín llamó a los choferes de carros públicos los “dueños del país”, creo que los motoristas ya los desplazaron hace rato, tanto los que ofrecen servicio de transporte a otros ciudadanos como aquellos que utilizan las motocicletas para trasladarse.
Pero creo, sinceramente, que el fin de semana pasada tocamos fondo con el hecho en el que un grupo de motoristas acechó, persiguió y linchó a Deivi Carlos Abreu Quezada en el frente del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros.
En un hecho que solo puede catalogarse como insólito, vídeos muestran que Abreu Quezada primero se detuvo frente a un cuartel policial y gritó que lo perseguían para matarlo. Fue ignorado por los que allí se encontraban.
En medio de la desesperación, condujo hasta el centro judicial donde recibió una estocada en un muslo, fue golpeado sin misericordia y los agentes del orden allí presente simplemente atinaron a hacer disparos al aire para dispersar a la turba asesina.
Todos los días, hombres y mujeres salimos a las calles bajo la amenaza de que un motorista cualquiera le rompa el vidrio a su vehículo por inadvertidamente cerrarle el paso o por simplemente chocarlo por sus imprudencias en las calles.
La anarquía con la que se manejan ha arropado a una sociedad en la que cumplir las leyes, como decíamos en la columna anterior, es algo que solo esperamos que hagan otros, pero no nosotros.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al ministerio público de Santiago a solicitar cargos de asesinato contra la turba, de la que sigue prófugo el que propinó la estocada mortal a Abreu Quezada.
Pero en nuestro país estamos acostumbrados a hacer bulla cuando suena un caso… hasta que otro lo silencia. Ojalá ahora sea diferente.
