Sería irresponsable opinar, sin estudiarlo a consciencia, sobre el nuevo Código Penal promulgado el domingo por el presidente Abinader después de incontables intentos durante varios gobiernos para actualizar al que está en vigor desde 1884 y que será sustituido por el nuevo dentro de doce meses.
Sin embargo, sí hay aspectos noticiosos en torno al mismo que son muy notables, especialmente que por fin el sentido común se impuso ante ambos extremos de opositores a esta renovación jurídica.
Una parte de la opinión pública defiende a rajatabla el texto constitucional que indica que el derecho a la vida es inviolable y que la vida comienza en el momento de la concepción, con lo cual coincido.
Otra parte aboga por atribuir exclusivamente a la madre el derecho de decidir si lleva el embarazo a término o aborta al bebé por nacer. Creo que en algún punto intermedio reside la razón pues la prohibición absoluta del aborto ignora realidades que sólo puede determinarlas la ciencia médica.
El Gobierno presenta la aprobación congresual y promulgación como un triunfo político, alegando que al endurecer las penas se avanza en el combate contra el crimen organizado y se fortalece la seguridad.
La procuradora Berenice Reynoso aplaudió el nuevo Código e irresponsable atribuyó al de 1884 cuán mal instrumentados han estado los expedientes acusatorios por corrupción.
A mi me ha agradado que Luis promulgara el nuevo Código sin dejarse mangonear por ambos extremos opuestos. Gobernar exige este tipo de decisiva autoridad aunque cause entendibles truños hogareños. Ojalá aplicara igual macana ante el creciente fracaso de las EDE, talón de Aquiles de su gestión.
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