QUITO.- El gobierno del presidente Guillermo Lasso decretó ayer estado de excepción en cuatro provincias donde han recrudecido las protestas en medio del paro nacional impulsado por los indígenas y caracterizado por violentas manifestaciones las últimas dos semanas.

La medida estará vigente por 30 días en las provincias de Imbabura, al norte del país; Azuay, al sur, Sucumbíos y Orellana, en la amazonia.

El gobierno dijo que el objetivo es recuperar el orden público, controlar la situación de violencia, asegurar la provisión de medicamentos, oxígeno para hospitales, combustibles y alimentos en esas regiones. Además, establece como zona de seguridad el área de influencia donde se encuentran los pozos, las instalaciones e infraestructura petrolífera del país, en la amazonia.

El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca del 30% de los ingresos.

El estado de excepción reduce una parte de los derechos ciudadanos, como el de movilización y reunión, entre otros.

La decisión gubernamental busca afrontar las consecuencias de un paro nacional que lleva 18 días y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en Ecuador, en demanda de la reducción del precio de la gasolina.