El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional durante 60 días para combatir la violencia relacionada con las drogas.
En un discurso difundido este lunes en la noche por la televisión estatal, Lasso dijo que la policía y las fuerzas armadas trabajarán en conjunto y que su presencia se sentiría «con fuerza» en las calles.
El mandatario consideró que existe en el país una «grave conmoción interna» debido al «aumento de la actividad delictiva», especialmente en provincias como Guayas, donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen.
«En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico«, declaró en su mensaje a la nación, pronunciado en paralelo al decreto ejecutivo.
La medida excepcional «tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público», precisa el decreto, firmado en la noche del 18 de octubre.
Las medidas se toman 18 días después de la peor matanza carcelaria del país, en la que bandas ligadas al narcotráfico se enfrentaron y dejaron 119 muertos.
Paralelo a esto se está produciendo en el país una polémica por la expansión de la frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana y han surgido voces que cuestionan si las nuevas medidas de seguridad están también relacionadas en parte con estas protestas.
Precisamente este lunes 18 de octubre varias organizaciones indígenas rechazaron dos decretos firmados por el gobierno de Lasso, presentaron la primera de «una serie de demandas» ante la Corte Constitucional y anunciaron movilizaciones.
Los líderes indígenas llegaron a Quito y aseguraron que su acción pretende «desbaratar» los planes del Gobierno para ampliar las extracciones petrolíferas y mineras en la Amazonía ecuatoriana.
El Decreto Ejecutivo 95 busca duplicar la producción de petróleo con hasta un millón de barriles diarios, mientras que el Decreto Ejecutivo 151 pretende «relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía», indican los colectivos indígenas.
Tanto los indígenas como, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales anunciaron el este lunes una movilización para el próximo 26 de octubre en contra de las políticas del Lasso.
¿Qué medidas se van a implementar contra el narcotráfico?
En cuanto a las nuevas medidas contra el narcotráfico, el mandatario dijo que quiere unir a todas las fuerzas del orden con una sola misión: «devolver la seguridad a los ciudadanos» y llevar «la batalla al hampa donde sea que se esconda».
Entre las acciones que pretende implementar, Lasso citó controles de armas, controles de tráfico de drogas, requisa de droga, inspecciones y patrullaje las 24 horas del día.
Según el decreto ejecutivo, los militares «actuarán en todo momento en coordinación con la policía«, bajo los principios de «excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad», y con apego a las reglas del «uso progresivo de la fuerza».
También anunció la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública. Ese organismo defenderá a policías o militares que puedan ser demandados por implementar acciones de seguridad.
«Crearemos la Unidad de Defensa Legal de la fuerza pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas que sean demandados por cumplir con su deber», dijo Lasso.
«La ley debe intimidar al delincuente, mas no al policía», declaró el mandatario. Por ello, su gobierno indultará a todos aquellos agentes que hayan sido «injustamente condenados» por cumplir con su labor.
Además, enviará a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley para respaldar a los agentes del orden.
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El despliegue de militares se efectuará en nueve provincias: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos (fronteriza con Colombia).
Asimismo, Lasso dijo que creará un Comité Interinstitucional entre todos los ministerios del Frente Social y la Secretaría de Derechos Humanos, que «producirá acciones concretas para prevenir, detener la adicción (a las drogas)y reinsertar a los consumidores en la sociedad».
Oleada de violencia
La declaración del estado de emergencia se produce mientras Ecuador experimenta un fuerte aumento de casos de homicidios y de situaciones de violencia.
Durante los últimos años, la tasa histórica de homicidios en el país se ha incrementado. En 2016 era de 5,8%, mientras que en octubre de este año ascendió al 10,6%, según recoge el diario local El Telégrafo.
Hubo 1.885 eventos delictivos en lo que va de año, 1.112 los cuales fueron catalogados como violencia criminal.
Entre enero y agosto de este año en el país se registraron 1.427 asesinatos, 55 más que los de todo el 2020, según el Ministerio del Interior.
La situación preocupa especialmente la ciudad costera de Guayaquil, donde hace casi tres semanas al menos 119 reos murieron en un motín carcelario atribuido a facciones rivales vinculadas a organizaciones narcotraficantes mexicanas.
Fue la peor masacre carcelaria en la historia del país latinoamericano.
Lasso dijo que Ecuador ha sido catalogado como un país de tránsito del tráfico de drogas, que a su vez ha generado un aumento del consumo de sustancias estupefacientes en el país.
Según el mandatario, solo en la provincia de Guayas (cuya capital es Guayaquil) más del 70% de los crímenes violentos están relacionados con el narcotráfico.
«Queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos», ya que «sin seguridad no hay desarrollo» y para alcanzar esa meta se requiere de un trabajo coordinado de toda la sociedad para «vencer al enemigo común», dijo Las
