BOGOTÁ.-El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christophe Beney, dejará su puesto este viernes al cabo de tres años en el país, convencido de que tanto el gobierno como las guerrillas desean poner fin a un conflicto de más de 40 años, "olvidado, pero de consecuencias muy graves".
"En Colombia hay un ambiente favorable a la paz. Al cabo de tres años tengo este convencimiento que me viene de todas las partes", el gobierno y la guerrilla, dijo Beney en una entrevista con la AFP.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien asumió en agosto de 2010 luego de haber sido ministro de la Defensa del ex mandatario Alvaro Uribe, "ha desarmado la palabra" y envía mensajes de apertura a la idea de la paz, señaló.
Beney destacó la promulgación en junio de una ley para reparar a cerca de 4 millones de víctimas del conflicto armado colombiano y restituir tierras a campesinos desplazados por la violencia.
Esa ley "es un avance extraordinario", consideró Beney, a la vez que estimó que un proyecto legislativo que abriría la puerta a la participación política de los desmovilizados de los grupos armados contirbuiría con ese "ambiente propicio".
"Es muy importante que el gobierno tome estas iniciativas que crean un ambiente favorable", enfatizó.
"Esa voluntad se nota también en las conversaciones que tenemos en el terreno con las guerrillas. La gente nos dice que quiere la paz", afirmó.
El discurso de los jefes guerrilleros, a menudo divulgado en Internet, también mostraría el deseo de paz, destacó Beney, al precisar que se trata de su impresión personal y que el CICR es un observador que no mantiene contactos directos con los miembros del secretariado (mando central) de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero Colombia –que prevé un crecimiento económico de 5% para el cierre de 2011 con un boom en los sectores del petróleo y la minería y cada vez mayor atractivo turístico– sigue siendo un país en guerra, con un conflicto "olvidado que es necesario visibilizar", resaltó.
"En los organismos humanitarios se considera que el de Colombia es un conflicto caído en el olvido, que fue desplazado por Irak, Afganistán y Sudán", mencionó.
Sin embargo, sus consecuencias son aún muy graves. "Hay entre 3,5 y 4 millones de personas desplazadas por la violencia, lo que representa un problema enorme para el Estado. Hay grandes dificultades de acceso a los servicios básicos para la población civil que habita en las zonas en conflicto. Está el fenómeno de la desaparición, que sin duda ha tocado a entre 40.000 y 50.000 familias", enumeró.
Además, advirtió que en Colombia es "cada vez más difícil para la población civil permanecer al margen del conflicto".
Beney explicó que el reforzamiento de la presencia militar y policial a lo largo del país, que prácticamente duplicó en una década el número de efectivos desplegados hasta llegar a la cifra de unos 425.000, "ha obligado a los pobladores a un cierto deber de colaboración".
A esa presión se suma la que ejercen las guerrillas y los grupos armados emergentes, que el gobierno llama bandas criminales y que están integradas en parte por ex paramilitares de extrema derecha.
"Mientras mayor variedad de actores participa del conflicto, más se dificulta la situación para la población civil", dijo.
"Las consecuencias humanitarias del conflicto armado colombiano son aún muy importantes y requieren de una gran atención de la comunidad internacional", concluyó.
En Colombia actúan desde mediados de los años 60 las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con unos 8.000 y 2.500 combatientes respectivamente.
Además, han surgido nuevas bandas integradas por narcotraficantes y paramilitares de extrema derecha que no se desmovilizaron, con otras 7.000 personas, consideradas por el gobierno como la mayor amenaza a la seguridad.
