Guatemala: prisión para funcionarios por fraude
GUATEMALA.-En una audiencia que duró más de 30 horas, una jueza guatemalteca resolvió enviar a prisión a los directivos del seguro social guatemalteco acusados de un supuesto fraude en la adjudicación de un contrato de servicios médicos para pacientes renales que culminó con la muerte de al menos 13 personas.
La jueza Silvia de León procesó el martes en la noche a los 17 implicados, lo que permite a la Fiscalía investigar durante al menos dos meses los hechos.
Entre los procesados por el delito de fraude se encuentran el presidente del Seguro Social Juan de Dios Rodríguez, también exsecretario privado y hombre de confianza del presidente Otto Pérez Molina; Julio Suárez, presidente del Banco Central de Guatemala, y el empresario Max Quirim, miembro de la Junta Directiva del Seguro Social.
También fue enviado a prisión por los delitos de cobro de comisiones y asociación ilícita Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling Dávila. Molina Stalling laboraba como asesor financiero y habría intervenido en la adjudicación del contrato por el cual habría recibido comisiones.
Según la investigación de la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el 4 de noviembre de 2014 la junta directiva del Seguro Social autorizó la adjudicación de un contrato por 116 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares) a una empresa para proveer 2,5 millones de servicios de diálisis peritoneal ambulatoria para pacientes renales.
La Comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga a cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, presentó como evidencia escuchas telefónicas en las cuales Molina Stalling y directivos de Droguería Pisa de Guatemala, a la que se adjudicó el contrato, discutían sobre la posibilidad de recibir comisiones del 16% del total del contrato.
Las comisiones ascendían a unos 2,4 millones de dólares. La jueza dijo en su argumentación que Droguería Pisa de Guatemala no contaba con una licencia sanitaria para proveer servicios médicos “y menos una prestación de servicios médicos renales”.
“Si pretender ganarse el dinero sin prestar el servicio adecuado no es un plan delictivo, estamos en una sociedad desmoralizada y sin ética”, dijo de León.
Según la investigación, al menos 13 pacientes habrían muerto como consecuencia de la administración de los servicios de diálisis que estaban contaminados, aunque hasta el momento la pesquisa sólo se dirige al fraude y no a responsabilidades por esas muertes.
La fiscalía general dijo que no se descarta hacer una vinculación. Los funcionarios y particulares fueron enviados a la prisión Mariscal Zavala ubicada en instalaciones militares para resguardar su seguridad.
Cinco mujeres también sindicadas fueron enviadas a una prisión femenina. Varios escándalos de corrupción han sido descubiertos en los últimos dos meses en Guatemala.
El mayor es el relacionado con una millonaria defraudación al fisco dirigida según las autoridades por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que culminó con la renuncia de ésta y un repudio nacional a la corrupción que aún provoca manifestaciones callejeras.
