SANTO DOMINGO.- El ex fiscal adjunto del Distrito Nacional, Gustavo de los Santos Coll, explicó que en febrero de 2007 él y su colega Isidro Vásquez Peña recomendaron archivar el caso de lavado contra Rafael Cordero Martínez (El Chino) y Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo) porque no había pruebas suficientes para sostener la acusación y se dejaba abierta la puerta a otra investigación para apoyar una nueva acusación contra los imputados.
Su recomendación fue acogida el 16 de ese mismo mes por el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción, Delio Germán Figueroa.
Su relato
Explicó que estando en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en condición de coordinador del Departamento de Investigaciones de Tráfico y Consumo de Drogas de la Fiscalía del Distrito Nacional, recibió la información por parte del coronel Jacobo Mateo Moquete, entonces jefe de Operaciones de la DNCD, de que habían detenido a El Chino frente a la casa de éste, y que se tenía la información certera de que tenía drogas en su residencia. Relata que acudió al lugar junto al también fiscal adjunto Isidro Vásquez y el coronel Mateo Moquete.
De los Santos Coll explica que mientras allanaban la casa de El Chino recibieron la información de que a dos o tres casas de donde estaban vivía su supuesto socio conocido como El Gringo.
Solicitaron la otra orden de allanamiento. Como la casa de El Gringo estaba dentro del perímetro que estaba siendo custodiado por los agentes de la DNCD, había garantía de que si había sustancias controladas, éstas no podían ser sacadas por los sospechosos.
Dice que concluidos ambos allanamientos y ejecutadas las órdenes de arresto en contra de ellos, no se ocuparon drogas ni grandes sumas de dinero. Pese a eso solicitaron prisión preventiva como medida de coerción para profundizar las investigaciones. El juez de la Instrucción le impuso garantía económica e impedimento de salida.
Explica que en el transcurso de las investigaciones se hicieron interrogatorios e incluso se investigó ante la Dirección General de Impuestos Internos para determinar si éstos tenían a su nombre o de relacionados bienes inmuebles registrados, lo cual concluyó sin éxito para la investigación.
De los Santos Coll explica a EL DÍA que así las cosas, y no habiéndoles ocupado a estas personas drogas ni sumas de dinero en ninguna proporción, procedimos, después de concluida la investigación, a archivar el caso, lo cual constituye una modalidad procesal de poner fin a una investigación; sin embargo, eso no cierra la posibilidad de abrir otra investigación en contra de las mismas personas, ya que el archivo no constituye un salvoconducto de por vida a favor de nadie. Ahora bien, si nosotros hubiésemos archivado el caso en condiciones contrarias, pues otro gallo cantaría.
